“Legal, ilegal, regular, irregular, correcto, incorrecto, ético o antiético”. Son algunos de los calificativos que usan los constitucionalistas y politólogos al analizar la sanción administrativa que aplicó el Ministerio del Trabajo en contra de la vicepresidenta y embajadora de la paz en Israel, Verónica Abad.
La funcionaria está suspendida durante 150 días sin sueldo con el argumento de no haberse presentado en la Embajada de Turquía, en Ankara, el 1 de septiembre, como le indicó Cancillería. Ella llegó el 9 de septiembre. Este traslado fue una disposición del presidente Daniel Noboa y se configuró una falta grave establecida en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público, esto es, “abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos”.
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El documento con la resolución de la suspensión fue publicado el pasado 8 de noviembre, un día después de que se sustanció el sumario administrativo abierto en contra de Abad.
Y dos días después, el 11 de noviembre, Sariha Moya fue designada como vicepresidenta encargada “en aplicación del artículo 150 de la Constitución de la República”, informó un comunicado oficial.
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Entonces, ¿Ecuador tiene dos vicepresidentas? Sí, una suspendida y otra encargada. ¿Pierde sus funciones? De acuerdo con la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, Abad no está inhabilitada. “Ella no tiene restringido ningún derecho político, no está inhabilitada, porque la suspensión de ella no permite la inhabilitación. Solo se inhabilita cuando hay proceso de destitución”, indicó.
Pero ¿cuánto tiempo tendrá Ecuador dos vicepresidentas? La respuesta a esa pregunta, para el constitucionalista Rafael Oyarte, es sencilla. Detalla que la suspensión de Abad, aunque fue comunicada como de 150 días, a los tres meses cambia a definitiva.
“La forma como se aparta ‘artificialmente’ de modo temporal a la vicepresidenta (Abad) del cargo es irregular. Una ministra del Trabajo, a pretexto de haber incumplido, le impone una suspensión y estaríamos (hablando), en principio, de una ausencia temporal. Pero es una ausencia por cinco meses, y la Constitución establece que, concluidos los primeros tres meses, la suspensión entraría en una causal de ausencia definitiva, porque pueden durar tres meses”, argumenta el también catedrático de Derecho Constitucional.
El artículo 146 de la Constitución indica que se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un periodo máximo de tres meses, o la licencia concedida por la Asamblea Nacional. Y el artículo 150 detalla que, en caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia de la República.
Oyarte señala que, cuando se cumplan los tres meses, aproximadamente el 8 de febrero de 2025, es decir, un día antes de las elecciones generales previstas para el 9 de febrero, de acuerdo al marco legal, el Ejecutivo deberá enviar una terna vicepresidencial.
“Entonces, la genial idea del jefe de Estado es que suspende a la señora Abad irregularmente y, como hay una ausencia temporal, veremos en febrero que el presidente manda una terna a la Asamblea para que designe a una vicepresidenta o vicepresidente, que conluirá el periodo el 24 de mayo”, opina.
El constitucionalista además indica que, si bien el Gobierno se sustenta en el artículo 150 para la designación de Moya, hay algo por analizar. “Dice que un ministro de Estado la reemplace... Entiendo que la Corte Constitucional ha confirmado que esa clase de secretarios tienen el rango de ministros”, sostiene.
Sariha Moya ejercía como la máxima autoridad de la Secretaría Nacional de Planificación.
Alternativas de Abad
Para la politóloga Madeleine Molina, esta situación no tenía que desarrollarse porque considera que Abad no debería estar suspendida. Molina argumenta que para este tipo de acciones hay un reglamento, que es el Código Orgánico Administrativo (COA), y califica de “ilegal” dicha suspensión por 150 días. Como tal, la nominación de una vicepresidenta encargada cae en el mismo criterio.
“Es ilegal porque, primero, con un acto administrativo no debería cesarse funciones a una vicepresidenta que ha sido elegida por cargo popular; entonces, para suspenderla podría ser un trato con un juicio político a la Asamblea Nacional, otro mecanismo fiscalizador, de orden constitucional, pero con el COA es infraconstitucional. Es un atropello contra el Estado constitucional de derecho porque a través de una norma infraconstitucional se está rompiendo el marco de que ella asuma cuando Noboa tome su licencia para hacer campaña electoral”, cuestiona Molina, y agrega que existen varias vulneraciones a los derechos de Abad, como el recurrir a la defensa en el debido proceso.
“Ella tiene derecho a recurrir en el acto administrativo. Puede apelar esa decisión, pero así se vaya por la vía constitucional, con una acción de protección, así se vaya por la del Contencioso Administrativo por lo judicial, así lo apele en el Ministerio del Trabajo, que no es lo viable, porque es la ministra que está sancionándola. Este es un movimiento político para asegurar que Daniel Noboa tendrá un ‘respaldo’ en la Presidencia”, puntualiza Molina.
Respecto a la posible terna en unos tres meses, Molina precisa: “Es un cargo de uno, dos meses, y no tienes temas a futuro. Lo que hicieron (Gobierno) fue corchar a Abad y evitar una posible intromisión de la Revolución Ciudadana en el cargo de la Vicepresidencia, pero más adelante habrá que ver qué pasa cuando el presidente esté en campaña. Lo que sí está asegurado es que no tendrá ataques internos”, menciona.
Para la también abogada, el orden era distinto haciendo alusión al artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se refiere a las funciones y atribuciones del presidente de la Asamblea Nacional, como asumir la Presidencia en caso de falta simultánea y definitiva del presidente y vicepresidente.
“Esto qué significa: (con Abad suspendida y Noboa en campaña) tenía que haber asumido la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz; por eso es que ponen esta vicepresidenta encargada, para evitar esa situación”, analiza Molina.
En tanto, Abad seguirá gozando de protección estatal. Aunque en la mañana del 11 de noviembre el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, aseguró que la vicepresidenta encargada (Moya) ya tiene el servicio y añadió que “la Casa Militar Presidencial está realizando los trámites (...) para que la seguridad de la exvicepresidenta sea retirada”, en la tarde un comunicado informó que tras un análisis se decidió mantener el resguardo “a la vicepresidenta de la República Verónica Abad”. (I)