El informe anual de Human Rights Watch incluye un capítulo de Ecuador sobre los principales problemas que aquejan al país en el tema de derechos humanos.

Lo primero que advierte la organización es cómo en un contexto de frágiles instituciones democráticas, Ecuador ha experimentado un fuerte aumento de la violencia y de la presencia del crimen organizado, que han llevado la tasa de homicidios a niveles sin precedentes.

Problemas estructurales de larga data que no han sido resueltos, incluyendo el limitado acceso a derechos económicos y sociales, han causado protestas y han llevado a un creciente número de migrantes y solicitantes de asilo a emigrar hacia el norte, señala.

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HRW hace un recuento de los hechos recientes que reflejan las consecuencias del crimen organizado que mantiene en vilo al país, como las últimas elecciones presidenciales anticipadas que “estuvieron marcadas por la violencia, incluyendo el asesinato del periodista y exasambleísta Fernando Villavicencio, quien aspiraba a la Presidencia”.

Los señalamientos de corrupción, la falta de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, las restricciones al acceso al aborto y la limitada protección de niños, niñas y adolescentes, y de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) siguen siendo motivos de profunda preocupación, señala HRW.

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“La tasa de homicidios de Ecuador pasó de 13,7 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 25,9 en 2022. En 2023 se incrementó hasta aproximadamente 43 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a Ecuador entre los tres países latinoamericanos más violentos, junto con Venezuela y Honduras”.

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Una de las causas de este nivel de violencia es la presencia de dos grandes bandas criminales que “operan en alianza con narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses que se disputan el mercado de drogas de Ecuador”, señala el documento.

“En su lucha por el control territorial, las bandas criminales han intensificado los actos de violencia extrema, incluyendo decapitaciones y desmembramientos, atentados con coches bomba y ataques y asesinatos de jueces, fiscales, periodistas y candidatos a cargos públicos”.

La extorsión por parte de bandas criminales continúa en aumento. Entre enero y junio de 2023, la Policía Nacional recibió más de 4.600 denuncias de extorsión, una cifra que duplica el número de extorsiones denunciadas durante el mismo periodo de 2022.

El asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, el 23 de julio de 2022, está entre los hechos citados.

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“La violencia de las bandas criminales en las calles está relacionada con la violencia dentro de las cárceles, donde el hacinamiento y la falta de control estatal han permitido a los miembros de las bandas criminales llevar a cabo catorce masacres que han cobrado la vida de más de 600 personas desde 2019, según la organización no gubernamental Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH)”.

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El problema del hacinamiento, indica HRW, tiene su origen en políticas punitivas contra las drogas, las demoras en la concesión de beneficios penitenciarios y el uso excesivo de la prisión preventiva.

“Los guías penitenciarios no están debidamente preparados y son insuficientes para contener la violencia”.

Las instituciones democráticas siguen siendo frágiles debido, entre otros motivos, a señalamientos de corrupción, injerencia en el nombramiento de autoridades y destituciones con motivaciones políticas, asegura el informe.

“Continuaron los señalamientos de demoras injustificadas en los procesos judiciales, ausencia de garantías del debido proceso y presiones indebidas a la justicia”, añade.

A esto se suma una cifra récord de 48.000 ecuatorianos que cruzaron el Tapón del Darién, una peligrosa selva entre Colombia y Panamá, entre enero y septiembre de 2023. Lo hicieron para abrirse camino hacia Estados Unidos.

“En comparación, aproximadamente 29.000 ecuatorianos cruzaron en todo 2022. El desempleo, los bajos ingresos, la inseguridad generalizada, las amenazas y la violencia de las bandas criminales son algunos de los factores principales que empujan a las personas a salir del país”, afirma HRW. (I)