Por Patricia Ramírez Gómez, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UTPL

Cuando hablamos de contratación pública en Ecuador, especialmente en las prefecturas, no solo nos referimos a un proceso administrativo. Estamos hablando del manejo de recursos que son de todos, del desarrollo de nuestras comunidades y, en última instancia, de nuestra confianza en las instituciones públicas. Sin embargo, este tema sigue siendo un terreno minado por la falta de transparencia, la limitada competencia y, lamentablemente, la corrupción.

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La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública busca establecer reglas claras para garantizar que cada contrato beneficie al país. Pero la realidad, muchas veces, pinta un panorama distinto. ¿Cuántas veces hemos visto contratos adjudicados a empresas que parecen ser elegidas a dedo?, ¿cuántas veces escuchamos de obras que nunca se terminan o que no cumplen los estándares esperados?

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La transparencia no debería ser un ideal lejano, sino la base de toda contratación pública. Sin embargo, en muchas prefecturas, la opacidad es la regla. ¿Por qué no contamos con plataformas accesibles en las que cualquier ciudadano pueda ver quiénes son los adjudicatarios, cuánto se les paga y qué se espera de ellos?

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Una gestión transparente no solo fortalece la confianza ciudadana, sino que también disuade prácticas corruptas. La información debe ser pública, clara y actualizada. Y aquí todos tenemos un rol: las autoridades deben rendir cuentas y la ciudadanía debe exigirlas.

En un país donde se habla tanto de reactivación económica, las prefecturas tienen el poder de impulsar a las pequeñas y medianas empresas mediante procesos de contratación abiertos y justos. Pero la realidad es que, en muchos casos, la competencia es solo una ilusión. Favorecer a ciertos proveedores no solo limita la calidad de las obras y servicios, sino que también ahoga a las empresas que pueden ofrecer mejores soluciones. La competencia real no es solo deseable, es imprescindible para optimizar el uso de los recursos públicos.

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No podemos ignorar el elefante en la habitación. La corrupción sigue siendo uno de los mayores males que afectan a la contratación pública en Ecuador. ¿La solución? Estrategias concretas: primero, capacitación ética en la que los funcionarios deben estar preparados para manejar procesos complejos con integridad; segundo, mecanismos de denuncia en los que es urgente crear espacios seguros para reportar irregularidades sin miedo a represalias. Y tercero, colaboración internacional.

Esta última significa que aprender de buenas prácticas y estándares globales puede transformar la manera en que contratamos obras y servicios.

Las prefecturas tienen en sus manos una herramienta poderosa para transformar sus territorios: los contratos públicos. Pero esa herramienta, si no se maneja con cuidado, puede convertirse en un arma de doble filo.

Es hora de exigir transparencia, fomentar la competencia y priorizar el control efectivo. Solo así podremos garantizar que cada dólar del Estado se traduzca en obras y servicios que realmente mejoren la calidad de vida de la población.

Como ciudadanos, debemos estar vigilantes. El cambio no vendrá solo de las leyes, sino de una cultura de integridad que todos ayudemos a construir. El desafío está ahí y el momento de actuar es ahora. (O)

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