Con postergaciones se lleva adelante el proyecto para implementar la denominada “tercera placa” en Quito.
La aplicación de esa iniciativa se ha aplazado por alrededor de cuatro años, durante las administraciones municipales de Jorge Yunda y Santiago Guarderas, y se empezaría a usarla en la actual administración de Pabel Muñoz, pero sin una fecha definida.
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Autoridades municipales estimaron de manera inicial que el proceso de aplicación no pasaría del primer semestre del 2024. Luego se hablaba de enero del 2025.
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La ordenanza para la implementación de lo que el Municipio de Quito denomina “dispositivo electrónico de identificación vehicular” (DEIV) se encuentra actualmente en trámite en la Comisión de Movilidad, informó el Municipio quiteño.
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Una vez aprobada se iniciará el proceso de contratación para seleccionar un proveedor calificado durante el segundo semestre del año. Se espera que las regulaciones técnicas y los procedimientos para la instalación se emitan en 30 días tras la sanción de la ordenanza metropolitana.
Esto porque la Secretaría de Movilidad ha propuesto al Concejo Metropolitano de Quito una ordenanza para la aprobación de la implementación del dispositivo.
Se registrará la placa y el número de chasis de los vehículos para un tránsito más seguro y eficiente, indicó la municipalidad.
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Es una herramienta tecnológica que utiliza etiquetas RFID, es decir, un dispositivo pequeño que almacena datos y códigos QR para identificar vehículos. Los vehículos llevarán una etiqueta, con un rango de lectura de hasta 12 metros y una vida útil mínima de 5 años.
El sistema utiliza lectores y antenas para la identificación de vehículos, así como equipos manuales para controles específicos.
Algunos de los beneficios que se lograrían con el sistema son la identificación eficiente de vehículos, facilitando el control de tránsito, contribución a la seguridad vial y a la eficiencia del tránsito, apoyo a iniciativas para la reducción de emisiones contaminantes.
Además, automatización de los controles de tránsito mediante minimización de la posibilidad de actos de corrupción, facilitación de la gestión, planificación y control del tránsito.
La entidad municipal aclaró que la base de datos del sistema solo incluirá la placa y el chasis del vehículo. Precisó que mantiene comunicación con la Superintendencia de Protección de Datos Personales para asegurar que el proyecto cumpla todas las normativas establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales.
El costo estimado del proyecto es de $ 5 millones, financiado con recursos municipales asignados al Proyecto de Fomento de la Seguridad Vial y Control de Tránsito. (I)