Hombres armados que entran a propiedades a secuestrar. Sujetos que interceptan a comerciantes en carreteras o vías urbanas. Secuestradores que llegan a negocios y se llevan a la víctima. Mujeres y hombres que al arribar a sus casas son raptados y luego piden rescate por ellos.

Estas son parte de las situaciones de secuestros que en los últimos meses han trascendido porque quedaron grabados en videos o la novedad se viralizó ante la alerta de testigos o allegados de las víctimas.

¿Qué hay detrás de los secuestros que cada vez son más frecuentes en Ecuador?

Solo en Guayaquil, Durán y Samborondón, que comprende la llamada Zona 8, entre enero y marzo de este año, a la Policía de los tres cantones les llegaron 247 delegaciones fiscales por casos de secuestros.

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En Los Ríos, otra provincia con un alto índice delictivo, también se han reportado varios casos de secuestro en los últimos meses. A ellos se suman casos que han trascendido en Pichincha y Loja.

Los secuestros ya no solo van dirigidos a personajes con un perfil económico alto, sino que en los últimos meses se han reportado casos de comerciantes agrícolas, dueños de negocios en ascenso y profesionales de clase media que han sido las víctimas.

Este Diario revisó casos que se han judicializado en los últimos dos años a cuyas víctimas les pedían desde $ 20.000 hasta $ 5 millones para poder liberarlas.

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Uno de los casos en el que se pidió una de las más altas cantidades fue en el secuestro de un empresario ocurrido en Los Ríos, en diciembre pasado. Varios sujetos armados entraron a una propiedad y se lo llevaron a él y a una mujer extranjera.

Ella luego fue enviada a una urbanización con un chaleco con presuntos artefactos explosivos para que comunicara a los familiares y coordinaran el pago por la liberación.

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El empresario fue liberado y cuatro personas fueron llamadas a juicio por el delito de secuestro extorsivo.

Prisión preventiva para tres presuntos implicados en secuestro a seis personas en hostería de Mindo

Otro caso reciente en el que los secuestradores exigían una alta suma fue el de un familiar de un asambleísta. El hombre se trasladaba hacia su lugar de trabajo en un vehículo cuando fue interceptado en el sector de La Florida por tres antisociales que iban a bordo de una camioneta.

Durante el operativo desplegado para el rescate se detuvo a dos sujetos a los que la Fiscalía les prevé formular cargos. Según datos de la Fiscalía, los implicados exigían el pago de $ 2 millones a cambio de la liberación del secuestrado.

Esta exigencia de exorbitantes cifras se viene escuchando desde el 2022. Ese año, por ejemplo, secuestraron a un joven empresario, familiar de un expresidente de la República, en la vía a Salitre. Lo interceptaron y se lo llevaron junto con su chofer. Por la liberación exigían $ 500.000, que después bajaron a $ 50.000.

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Hubo sospechosos capturados que fueron procesados. En enero del 2023, una jueza de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Daule dictó auto de llamamiento a juicio en contra de cinco sujetos.

A uno lo declararon inocente y otros cuatro fueron declarados responsables en el grado de autor directo, del delito tipificado y reprimido en el art. 162 inciso 1. El juez les dio 17 años y cuatro meses de pena privativa.

Para aplicar la pena no importa el monto que los secuestradores hayan exigido a los familiares de la víctima, sino la configuración del delito. También se han aplicado penas máximas en casos en los que a las víctimas se les exigían montos menores a los $ 100.000.

Uno de esos fue relacionado con el rapto de un hombre en Quito, en abril del 2023, donde los secuestradores exigieron $ 30.000 a la familia para liberarlo con vida. Horas más tarde, bajaron a $ 20.000 su exigencia.

La Policía aprehendió a los sospechosos. Tras el proceso judicial, tres personas fueron condenadas a una pena agravada de 17 años y cuatro meses de privación de libertad como autores de secuestro extorsivo. Mientras que otros dos condenados recibieron cinco años y nueve meses en prisión, como cómplices del delito.

En este caso, la Fiscalía lo procesó con base en el artículo 162, numerales 2 y 9, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con la circunstancia agravante del artículo 47, numeral 5: cometer la infracción entre dos o más personas.

Hay personas que han sido víctimas de secuestro extorsivo que han sido ingresadas al Sistema de Protección a Víctimas, Testigos y Otros Integrantes del Proceso Penal (Spavt) de la Fiscalía General del Estado

Penas mayores cuando se registra la muerte

Cuando un secuestro extorsivo termina con la muerte de la víctima, la sanción es mayor por los agravantes.

En Ecuador ya se han aplicado penas de más de 30 años cuando hay estos resultados.

En mayo pasado, un tribunal de Garantías Penales condenó a 34 años y ocho meses de privación de libertad a cinco personas como coautoras del delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte.

Los sujetos estuvieron involucrados en el secuestro de dos hombres en Loja, por los que exigían $ 5.000. Cuando fueron descubiertos por la Policía, mataron a uno de los secuestrados y el otro se salvó al lanzarse a una quebrada. (I)