Ante una alerta de presuntas irregularidades en el concurso y manejo de los radares a nivel nacional, José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, ha dispuesto tres acciones que involucran a las instancias de control del Estado ecuatoriano.
“En nuestra lucha contra la corrupción rechazamos el contrato de delegación de radares de la CTE. Actuamos con determinación para proteger los intereses nacionales”, se escribió en la cuenta en la plataforma X, antes Twitter, de la Secretaría General de Integridad Pública.
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Según el titular de dicha entidad, esta situación beneficiaría a dos consorcios.
Este contrato de delegación de radares en las vías estatales del país fue gestionado en el Gobierno anterior y, según el régimen actual, se elaboró en un tiempo récord para la contratación pública (42 días) inobservando las normativas legales vigentes.
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La normativa establece que un contrato de delegación debe tener el visto bueno de la Secretaría de Alianzas Público Privadas, y este organismo no fue informado sobre el proceso, ni se compartió información con los municipios, sostuvo el Gobierno a través de un comunicado.
El 4 de mayo del año pasado la CTE lanzó el proceso para que empresas privadas instalen radares en todas las vías del país, ya que la institución aparentemente no tenía la capacidad técnica y económica para poner los equipos.
“Las inconsistencias, vacíos legales y procedimientos con los que se ha manejado este tema apuntan a convertirse en una de las más grandes estafas que perjudican el bolsillo de los ecuatorianos. Como secretario general de Integridad Pública tengo la responsabilidad de avisar a las autoridades de control para que cumplan con la revisión y sanciones pertinentes determinando los autores y responsables”, refirió José Julio Neira a través de un video divulgado en redes sociales.
El funcionario ha dispuesto al contralor general del Estado un examen especial para determinar responsabilidades de los funcionarios del Gobierno anterior involucrados en este proceso.
Mientras, al procurador general pidió activar el control de legalidad del contrato para adoptar las acciones judiciales necesarias en defensa de los intereses nacionales.
Y a la CTE solicitó que tome acciones legales y contractuales para evitar que se siga perjudicando a los usuarios.
En noviembre del año pasado, un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas dispuso la suspensión del uso de los fotorradares en Ecuador, excepto en dicha provincia. En diciembre, el funcionario judicial emitió una aclaratoria de la sentencia sobre los radares.
Allí se precisó que los dispositivos instalados y/o en operación, que tuvieran informe de factibilidad, no verían suspendida su operación y continuarían funcionando en observancia de la Ley de Tránsito.
Desde la legislatura también hay voces que se suman al rechazo hacia el concurso de los fotorradares. La asambleísta Lucía Jaramillo escribió en su cuenta en la red social X que el contrato no tuvo informes previos.
“Un contrato sin valores netos definidos, sin contar con informes previos y violando los procesos de contratación pública es inadmisible. Este asalto debe ser parado de raíz, siendo la solución declarar la lesividad de este contrato, por violaciones a los intereses de los ecuatorianos”, señaló la legisladora.
Jaramillo cuestionó que “por medio de un contrato en tiempo récord, sin contar con informes de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, se concretó el asalto a los usuarios por medio de los fotorradares”.
La asambleísta sostuvo que esto representa una ganancia mayor al 50 % a consorcios formados por empresas con un patrimonio técnico nulo.
“Las irregularidades detectadas son evidentes, nunca contaron ni con socialización de los GAD ni con un valor neto definido”, señaló ella.
Este Diario conoció que la Comisión de Tránsito del Ecuador se referirá al tema a través de un comunicado. (I)