Días después de que la fiscal Mónica Tirado notificó del cierre de la etapa de instrucción fiscal contra ocho personas acusadas del delito de asociación ilícita, entre quienes está Sebastián Yunda, hijo del cesado alcalde de Quito Jorge Yunda, el juez penal de Pichincha Máximo Ortega define que el próximo 18 de enero, desde las 10:00, se instale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
La convocatoria se la hace a los ocho procesados por lo que se entiende que no existiría un dictamen abstentivo de parte de la Fiscalía, sino un dictamen acusatorio contra todos. La instrucción fiscal en esta causa duró 120 días, en los que se investigó la existencia de una estructura que supuestamente tuvo acceso a información privilegiada para beneficiarse de dineros por contratos relacionados con el Municipio de Quito.
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Además de Sebastián Yunda, en este caso son procesados César Yunda, tío de Sebastián; Christian Hernández, exasesor de Jorge Yunda; la excoordinadora de agenda del entonces alcalde de Quito, Cinthya Puga; Adrián Haro, exgerente de la empresa pública EMSeguridad; la organizadora de eventos Pamela Novoa; la empresaria Nancy Gaibor y su esposo, el exdirectivo de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China Yinlong Wang.
La defensa de Sebastián Yunda, Édgar Molina, así como otros defensores de los procesados aseguran que se cierran los 120 días de investigación sin que la Fiscalía haya conseguido elementos contundentes que confirmen la acusación que hace. Se adelantó que ya en audiencia harán conocer al juez penal Máximo Ortega que existen varios vicios de nulidad que impiden que el caso avance en la línea que pretende Fiscalía.
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La etapa de investigación se cierra en medio de un proceso de extradición para que el hijo mayor de Jorge Yunda y líder de la banda musical 4AM sea traído a Ecuador desde Buenos Aires, Argentina, lugar en el que fue detenido el 1 de diciembre pasado por agentes de Interpol (Policía internacional, por sus siglas en inglés), debido a una notificación roja que recaía sobre Sebastián.
Hernández, Puga, Haro, Novoa, Gaibor y Wang han cumplido durante todo este tiempo las medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país. Mientras tanto, César Yunda o el “tío Cesario”, como se lo ubica en varios chats analizados en el proceso, mantiene una difusión azul de Interpol, una orden de prisión preventiva y su último lugar de ubicación fue México.
Este caso de asociación ilícita inicialmente partió analizando un delito de delincuencia organizada en el que el único sospechoso era Sebastián Yunda. 209 fojas de información fueron remitidas a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía por el fiscal provincial de Pichincha Alberto Santillán, el 30 de marzo de 2021, para arrancar con la indagación previa.
Esta información correspondía a lo encontrado mediante pericias en los celulares del hasta ese momento alcalde de Quito y de su hijo Sebastián. Esa pericia se dio dentro de la instrucción fiscal por el delito de peculado por la compra de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 hecha por la Secretaría de Salud del Municipio de Quito y en el que mantienen una audiencia de juzgamiento vigente Jorge Yunda y trece personas más.
La difusión roja contra Sebastián Yunda llegó después de que este procesado incumplió la medida cautelar de presentación periódica. El juez Ortega revocó la medida y ordenó su prisión preventiva, pidiendo además a la Interpol que localice y capture a nivel internacional al hijo mayor del exalcalde.
No existe aún respuesta desde Argentina ante el pedido de extradición hecho por la Corte Nacional de Justicia, pero mientras se dilucida lo que ocurrirá, Sebastián Yunda está en libertad, pero cumpliendo varias disposiciones de la justicia argentina, como la presentación periódica o la prohibición de salir de ese país.
Corte Nacional de Justicia pide formalmente a Argentina que extradite a Sebastián Yunda a Ecuador
El juez Máximo Ortega también dispuso que Jaime Ernesto Buchelli, gerente de la Empresa Pública EMSeguridad, comparezca ante esa judicatura, el 14 de enero próximo, para que reconozca su firma y rúbrica de la acusación particular presentada. (I)