La ministra de Educación, Gilda Alcívar, destaca el acuerdo concretado para avanzar a una segunda fase del plan Comunidades Educativas Seguras y Protectoras y los resultados obtenidos en la primera etapa.
Mientras un total de 2,3 millones de estudiantes iniciaron clases en el régimen Costa-Galápagos, Alcívar resaltó que la vuelta a las aulas se dio de manera ordenada y que se ha destinado una inversión de $ 190 millones en distintos rubros, como entrega de uniformes escolares, textos y labores de mantenimiento.
Sobre el toque de queda, ¿cómo se está ajustando la jornada para evitar que los estudiantes tengan algún tipo de desajuste?
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Desde el ministerio, nosotros estamos apoyando esta iniciativa, esta decisión del toque de queda, porque es un aporte a un gran plan de seguridad que lleva el Gobierno nacional.
En este toque de queda de quince días, la afectación para las provincias y cantones que están bajo este decreto va a ser para la jornada nocturna. Nuestras clases nocturnas terminan normalmente a las diez y media de la noche. Lo que estamos haciendo ahora es que terminen durante estos quince días a las nueve y media de la noche, porque el toque de queda se inicia a las once (de la noche).
En Quito hay una característica especial: debido a una disposición del Municipio en relación con el transporte público, el Metro, las clases de la mañana solamente en la capital van a comenzar a las 07:45.
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¿En el caso del inicio de la jornada de Guayaquil, Zona 8, no?
No hemos tenido afectación; hemos comenzado hoy de manera bastante normal, con orden, de acuerdo con nuestra planificación. El inicio de clases y el proceso que se da es siempre de monitoreo constante. Siempre estamos listos para ajustar si hubiera alguna necesidad específica.
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Acabaron de firmar una segunda fase del acuerdo del plan de seguridad para las unidades educativas. ¿En qué consiste y cuál es el objetivo?
Esto nace de un decreto presidencial que prioriza para el Bloque de Seguridad, para el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, las acciones para minimizar y proteger a nuestros niños, minimizar la captación de niños y adolescentes en actividades delictivas. Este proceso forma parte del programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras.
Esta segunda fase la trabajamos con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Lo que busca es que 450 instituciones, priorizadas por su nivel de riesgo y por las zonas vulnerables donde están, refuercen su seguridad. Hoy comenzó el despliegue de 19.000 efectivos policiales que comienzan a hacer rondas alrededor de estas instituciones de zonas de alto riesgo, especialmente en los momentos de entrada y salida de los chicos.
Además, los profesores y la comunidad educativa tienen unos códigos QR y botones de pánico que sirven para hacer un llamado pronto y priorizado a la Policía en caso de alguna situación.
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En tercer lugar, trabajamos en una lógica de seguridad preventiva para los niños, cultura de seguridad y también reactiva.
En el caso de la Zona 8, Guayaquil, Durán, Samborondón, ¿hay algún número de determinadas zonas priorizadas?
Son 450 instituciones en esta segunda etapa, y de esas, 190 son de la zona de Guayas.
¿Qué resultados han tenido en esta primera fase?
La primera fase dio resultados muy positivos. Tuvimos un alcance de 500.000 estudiantes que fueron beneficiados.
Pudimos notar cómo esa interacción entre la comunidad educativa, que normalmente la preside el rector o el director general, la comunidad circundante y la Policía, ayudó a detectar algunos eventos que pudieron detenerse a tiempo.
También, la comunidad entendió esta dinámica de protección a la escuela como un lugar seguro, y el tener las rondas constantes sí ayuda a limpiar el perímetro que rodeaba una escuela.
¿Cómo este plan puede ayudar justamente a mitigar problemas que se presentan en la seguridad, tal vez vacunas a los mismos profesores o la deserción escolar que las bandas buscan captar?
El plan lo que hace es minimizar el riesgo e ir mitigando estas acciones en los perímetros de las instituciones educativas que están priorizadas. Pero en esta segunda fase vamos a trabajar también a lo interno, porque existe lo que se denomina la lógica delictiva intramuros. Hacia afuera, nosotros podemos detectar que no haya microtraficantes ni ladrones. Esto lo hace la Policía en las rondas constantes, pero ¿qué pasa cuando logran infiltrarse adentro?
Por esto, esta segunda fase va a permitir que, a través de un protocolo trabajado de manera muy dedicada y detallada entre la Policía, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, se puedan tener actividades que permitan que, por ejemplo, delitos de flagrancia dentro de las instituciones puedan ser abordados por la Policía Nacional, teniendo siempre como prioridad el bienestar de los niños. Precisamente ese bienestar nos lleva a que la Policía pueda actuar en coordinación con las autoridades de cada colegio.
En lo disciplinario hay nuevas regulaciones. Esto, ¿qué tanto puede ayudar en este nuevo año lectivo para mejorar la convivencia en los planteles?
Realmente lo que hicimos fue sacar un acuerdo ministerial que era muy necesario para las instituciones educativas. Este acuerdo busca devolver la competencia sancionatoria, de disciplina y de armonización de las comunidades educativas a sus autoridades, es decir, a los rectores o los directores generales. Antes, los conflictos tenían que pasar a la junta distrital de los distritos.
Evidentemente, esto no era fácil de aplicar ni viable; les quitaba a los rectores el poder regular, sancionar y acompañar a su comunidad, y pasaba todo el trabajo al distrito, haciéndolo poco operativo.
Con el nuevo acuerdo ministerial que sacamos hace aproximadamente 15 días, cada institución puede tener su código de convivencia y su normativa, donde se establecerán aquellas sanciones que son proporcionales a las faltas disciplinarias que ocurran dentro de una institución y de acuerdo con su lógica institucional. Si el colegio es militar, quizás tendrá cierto tipo de reglamentación más enfocada a su vocación; si es un colegio religioso, es lo mismo.
De igual manera, hay una base y, en el caso específico del uso de los celulares, que fue algo que generó confusión en la ciudadanía, quiero ser enfática en decir que el uso de los celulares está restringido en las instituciones educativas. No se permite el uso de celulares, excepto en bachillerato, solo si el docente lo pide o lo requiere como parte de una actividad formativa.
En lo del tema invernal, ¿ha habido algún porcentaje de unidades educativas que no han podido iniciar sus clases presenciales o todos han podido hacerlo?
Trabajamos la prevención del invierno desde inicios de este año, haciendo una categorización del nivel de riesgo de las instituciones de acuerdo con su localización y el impacto que pudieran tener por la zona geográfica. Así logramos categorizarlas por estos niveles de riesgo y enfocar mejor nuestro trabajo.
En el seguimiento desde enero a la fecha, 264 instituciones han recibido mantenimiento y arreglos por su afectación en el invierno, con una inversión de $ 1’000.000.
Ahora, hay 20 instituciones (de 9.600) en este momento del ciclo Costa-Galápagos que tienen afectaciones mayores porque estuvieron en zonas donde hubo impactos naturales y climatológicos mucho más fuertes, como Los Ríos, Milagro y Durán.
Entonces, estas instituciones que requieren un financiamiento mayor para su arreglo están siendo ya trabajadas durante estos primeros días. El objetivo es comenzar hoy y terminar máximo en un mes para que los niños puedan retomar clases en estas 20 instituciones.
Algunas tienen clases semipresenciales; otras, clases virtuales.
Y por el posible fenómeno de El Niño sigue la idea de que se mantenga la prioridad de la presencialidad…
Nosotros tenemos ya un plan de contingencia que contempla que se puede ir a la virtualidad si es necesario. Sin embargo, yo ratifico que la postura es trabajar y mantener la presencialidad en la medida de lo posible. (I)