Registro Único de Violencia pasará a la Secretaría de Derechos Humanos: uno de los acuerdos en reunión de Guillermo Lasso con colectivos de mujeres

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, junto con la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, recibieron a representantes de doce organizaciones de mujeres con el fin de tratar las necesidades y planteamientos para erradicar la violencia de género.Esta es la segunda reunión que se da en el Palacio de Carondelet referente al tema de la violencia contra la mujer.El Ejecutivo ofreció destinar los fondos necesarios para ejecutar la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género, como respuesta después del femicidio de la abogada María Belén Bernal, quien desapareció en la Escuela Superior de Policía el pasado 11 de septiembre y cuyo cuerpo fue encontrado el 21 del mismo mes.La secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, brindó declaraciones después de la reunión, que duró más de tres horas. Puntualizó que el mandatario escuchó y accedió a varios pedidos, como el de fortalecer la Secretaría de Derechos Humanos con la creación de un ministerio.“Una de las acciones concretas es que el presidente, mediante decreto ejecutivo, dispondrá que el Registro Único de Violencia estará a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y ya no del Ministerio del Interior”, expresó Flores.También señaló que las tenencias políticas tendrán formación permanente en la mención de medidas administrativas en torno a la violencia de género. Además, acotó que se aumentará el presupuesto para las casas de acogida y centros de atención para mujeres y niños víctimas de violencia.Solanda Goyes, directora nacional del Servicio de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura, dio a conocer que han puesto en marcha una política técnica que tiene el objeto de atender a las víctimas de violencia. Sin embargo, recalcó que en esta reunión pudo conocer sobre la necesidad de articular los servicios.“Por ejemplo, los jueces y juezas tienen la facultad de otorgar medidas de protección cuando son requeridas por los fiscales, y también tienen la facultad de hacer control jurídico cuando las medidas de protección son otorgadas por los tenientes políticos, miembros de juntas de protección y otras autoridades administrativas. Lo que corresponde es hacer que funcione el sistema de seguimiento de estas medidas de protección, que nos van a llevar a que se proteja a las víctimas, pero que también se reduzcan los niveles de femicidio”, agregó.Entre las mujeres que fueron invitadas a esta reunión estuvieron Diana Aguavil, líder de la Red de Medios Comunitarios; Lorena Brito, presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare); Lía Burbano, directora de la fundación Mujer y Mujer; Miriam Garcés, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam); María Luisa Hurtado, coordinadora nacional de Mujeres Negras (Conamuni), entre otras representantes.Lorena Brito, del Conagopare, calificó de productiva esta mesa de trabajo, añadió que hubo buena predisposición para la creación de un “ministerio de la mujer”, que tenga sus recursos y políticas públicas manejadas con los Gobiernos descentralizados.También recalcó que una de las necesidades más grandes es que se trabaje en las parroquias rurales para erradicar la violencia contra la mujer en las zonas periféricas.“En el sector rural el porcentaje de violencia contra la mujer es bastante alto, y la gente no denuncia porque nos toca viajar grandes distancias. Y el sistema judicial también está colapsado. Entonces, de eso se conversó (...). Con los resultados sabremos qué tan buena fue esta reunión”, añadió.Finalmente, se anunció que el 18 de octubre habrá una nueva reunión para evaluar el cumplimiento de estos ofrecimientos. (I)

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