La Cámara Ecuatoriana de Empresas de Transporte de Carga y Logística señaló en un comunicado que el problema de la inseguridad en las vías no ha sido resuelto.
Según el gremio, la inseguridad en las carreteras afecta a todos los sectores productivos y a la ciudadanía en general, pues las mercancías que se transportan en los vehículos de carga pesada pertenecen a la industria, al comercio, pero exponen a los conductores, quienes corren el riesgo de perder la vida o ser extorsionados y masacrados.
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En el comunicado, esa organización señaló que la seguridad no se combate negociando pedidos particulares o prebendas que históricamente aprovecha un reducido número de beneficiarios.
Reveló que no participaron en el denominado “apagado de motores” por considerar que no representa ninguna solución al problema de inseguridad. Criticaron los acuerdos con los transportistas que formaron parte de las denominadas “mesas de trabajo” que fueron creadas por la eliminación del subsidio a la gasolina eco y extra.
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“No es el momento de exigir beneficios (...). Nuestro sector reclama seguridad jurídica y políticas de Estado que regulen técnicamente el transporte que moviliza la productividad, donde la falta de atención oportuna traerá daños irreversibles, sociales y económicos al país”, dijo Carlos Andrade, presidente de la Cámara Ecuatoriana de Transporte Pesado.
El pasado 29 de julio hubo una reunión entre delegados del transporte y conductores de Ecuador con representantes del Gobierno.
Los conductores exigieron medidas inmediatas por la cantidad de asaltos y secuestros registrados en las vías del país. Sin embargo, no hubo ningún acuerdo.
En medio de esos encuentros con algunos gremios, unos 3.250 vehículos dedicados al transporte de pasajeros intra- e interprovincial serán beneficiados con la extensión por dos años más del plazo para la renovación de las unidades de transporte público.
Adicionalmente, por el alza de gasolinas, el Estado compensa desde junio a dueños de taxis, tricimotos y camionetas de transporte mixto. (I)