El pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazó la recusación presentada por Juan Esteban Guarderas en contra del juez Richard González dentro de la demanda que se interpuso contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por presunta infracción electoral.
Guarderas, consejero de Participación Ciudadana, y la abogada Mónica Jaramillo son los denunciantes de Muñoz.
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Jaramillo había anunciado que si el pleno lo integra el juez González lo recusarían porque, a su criterio, hay una enemistad manifiesta con Guarderas.
Explicó que antes de resolver sobre apelaciones presentadas tanto por ellos como por Muñoz se debe resolver sobre la recusación interpuesta.
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En una resolución del TCE, del 10 de abril, tres de cinco jueces rechazaron la recusación, pues argumentaron que no fue probada la supuesta enemistad manifiesta ni ha adjuntado algún documento que lo corrobore.
Los jueces que votaron a favor fueron Ivonne Coloma, Guillermo Ortega, Roosevelt Cedeño, en tanto que hubo votos salvados de Fernando Muñoz y Juan Peña.
Con ello, el pleno del TCE estaría listo para resolver sobre las apelaciones planteadas.
En primera instancia, el juez Joaquín Viteri declaró a Muñoz responsable de una infracción electoral grave.
La decisión incluye una multa de $ 9.200 así como la obligación de ofrecer disculpas públicas en su programa de informe semanal que se transmite los lunes.
La infracción por la que se sentenció al alcalde está tipificada en el numeral 3 del artículo 278 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República de Ecuador, Código de la Democracia.
El argumento que presentaron los denunciantes fue que el alcalde, como servidor público, en el ejercicio de sus funciones no podía inducir al voto a favor de una tendencia política.
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Según Guarderas, Muñoz apareció en spots electorales en las redes sociales promoviendo obras para la ciudad junto con la entonces candidata a la Presidencia por Revolución Ciudadana (RC), Luisa González.
El alcalde ha manifestado que no ha violentado en ningún momento el marco electoral.
Guarderas y Jaramillo, en su apelación, plantearon que haya una sanción más coercitiva para el funcionario, es decir, la suspensión de sus derechos de participación y la destitución de Muñoz como alcalde.
En tanto que Muñoz solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y que se deseche la denuncia que había sido presentada.
Además que los denunciantes presenten disculpas públicas. (I)