El Ministerio de Educación hizo un pronunciamiento dirigido a este Diario sobre un presunto caso de violencia sexual digital que se habría producido en un colegio privado de Quito con el uso de inteligencia artificial (IA).
Según el grupo Rescate Escolar, una fundación dedicada a la prevención y atención de violencia en contra de niños y adolescentes, se habrían tomado fotografías a 20 o 24 alumnas de primero a tercero de bachillerato por parte de adolescentes en una institución religiosa de la capital, y se usó ese mecanismo para crear videos y fotos de contenido erótico o sexual.
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Un caso de violencia sexual usando inteligencia artificial se reporta en un colegio, en Quito
El caso en mención, indicó esa cartera de Estado, se refiere a una institución educativa de sostenimiento particular.
“El Ministerio de Educación, a través de la Dirección Distrital, activó las rutas y protocolos para estos casos. La institución educativa remitió el caso a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos y a la Fiscalía”, aseguró.
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La Junta Distrital de Resolución de Conflictos se encuentra activada para desarrollar el proceso sancionatorio conforme lo establece la ley y notificará la decisión a la institución educativa y a los familiares de los estudiantes implicados, acotó.
Por su parte, la Fiscalía seguirá el procedimiento legal correspondiente y emitirá su resolución directamente a las familias en mención, indicó el ministerio.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.
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Esa normativa también refiere que la persona que publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda, por cualquier medio, para uso personal o para intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años. (I)