Menos de la mitad de los ecuatorianos retornados de manera forzosa de Estados Unidos, hasta los primeros días de marzo, forma parte del programa gubernamental Ecuador es Tu Hogar.
En febrero pasado se emitió el Decreto 521, que creó un mecanismo para —según el Ejecutivo— atender, proteger y facilitar la reintegración social y económica de los migrantes ecuatorianos retornados, mediante una transferencia monetaria mensual de carácter temporal.
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Se establecieron seis criterios para poder acceder a esa iniciativa: que el ecuatoriano sea retornado de manera forzosa; que no haya cometido delitos graves contra la vida, integridad sexual, terrorismo, asociación ilícita, narcotráfico, delincuencia organizada en Ecuador o en Estados Unidos; que no tenga antecedentes penales.
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Además que se encuentre en el listado emitido por Cancillería, tener una edad igual o mayor a 18 años y que no reciba otros pagos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
El monto por ser entregado corresponde a una salario básico unificado (SBU) por tres meses a través de un pago en una cuenta bancaria.
Pero ese pago temporal, de $ 470, estará condicionado a ejecución de actividades que definirá la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Se priorizarán, por ejemplo, acciones de levantamiento o actualización de registros.
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Se hará una acreditación en una cuenta bancaria y de manera previa al desarrollo de las actividades.
El MIES es la entidad encargada de efectuar el pago.
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El primer pago se realizará con un registro de los migrantes retornados, en tanto que los dos siguientes se harán con un listado de beneficiarios que enviará la Secretaría de Riesgos al MIES, con verificación previa del cumplimiento de las acciones que han emprendido los beneficiarios. En El Oro, algunos de los participantes estuvieron trabajando en la mitigación y control de los riesgos naturales.
Hasta el 7 de marzo del 2025 hubo 1.828 ecuatorianos deportados desde la nación norteamericana, tomando como referencia datos de la Dirección de Protección de Ecuatorianos en el Exterior (DPEE) de la Cancillería.
Esa cartera de Estado mencionó que no son vuelos de la Administración Biden, que ya terminó su periodo presidencial, o de Trump, que inició su segunda gestión en enero pasado, o de alguna otra específica. Precisó que existe un mecanismo desde 2005 entre Estados Unidos y Ecuador que establece los procedimientos de deportación por vía aérea, y que los vuelos se realizan, de manera regular, dos o tres veces por semana, de acuerdo a la notificación de la autoridad estadounidense en el marco de ese instrumento.
Desde hace al menos dos años, mencionó Cancillería, están llegando dos vuelos por semana a Guayaquil. Siempre se notifica con al menos 72 horas en el marco de los procedimientos establecidos ente ambas naciones.
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El ministro de Inclusión Social y Económica (e), Harold Burbano, señaló que en el programa gubernamental hay 614 personas que han sido deportadas. Indicó que el requisito que tienen que cumplir básicamente es que sean personas que hayan sido retornadas de manera forzada de Estados Unidos, es decir, que tengan una orden de deportación que haya sido ejecutada por parte de ese país.
Agregó que el programa implica capacitación por parte de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), del Ministerio de la Producción, un pago de un salario básico mensual por tres meses y la vinculación por parte del Ministerio del Trabajo hacia diferentes oportunidades laborales posteriores a la capacitación y a la certificación por competencias que esa misma dependencia ha dado o dará en su momento.
Burbano sostuvo que, pese a cualquier tipo de alerta, el número de deportados no ha aumentado en este año, sino que hay un ligero descenso. En el mes de febrero de este año únicamente regresaron 916 personas, expresó. Además que el programa continuará en marcha.
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De las 614 personas registradas, los primeros pagos se han hecho a 400 con transferencias de alrededor de $ 190.000. Las 216 restantes lo recibirán durante las próximas semanas.
El funcionario precisó que es un programa voluntario. Indicó que el hecho de venir deportado de Estados Unidos implica también un proceso de resiliencia por parte de los migrantes, por lo que hay un trabajo coordinado con el Ministerio de Derechos Humanos y con el Ministerio de Salud también de acompañamiento psicosocial a las personas.
El monto total asignado por parte del Ministerio de Economía es de $ 7 millones para atender el proyecto. (I)
