Con nueve votos a favor y uno en contra, el Consejo de Educación Superior (CES) conformó una comisión de investigación para indagar la situación interna de la Universidad Central.
Sería una fase previa a un proceso de intervención en esa institución.
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CES da plazo a la Universidad Central para que informe si hubo convocatoria a nuevas elecciones
El CES, en una sesión extraordinaria, realizada la tarde de este miércoles 25 de septiembre, dispuso el inicio de una fase de investigación debido a la posible concurrencia por parte de la Universidad Central de las causales de intervención establecidas en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
La comisión estará integrada por Carmen Álvarez, quien la presidirá; Ángela Calderón y un consejero que será delegado de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
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Previamente se conoció un informe interno en el que se mencionó, por ejemplo, que la Universidad Central no dio cumplimiento a la disposición del pleno del CES de julio pasado, en la que se había dispuesto la convocatoria a nuevas elecciones internas.
El CES, el pasado 8 de julio, resolvió que haya nuevas elecciones y tal como lo hizo en mayo dispuso que, en el término no mayor a 30 días, se convoque a un nuevo proceso para elegir a sus autoridades para el periodo 2024-2029, es decir, rector, vicerrector académico y de Posgrado, vicerrector de Investigación, Doctorado e Investigación y vicerrector administrativo-financiero.
Ese organismo estatal había decidido que el 21 de agosto era la fecha límite para una convocatoria a elecciones a fin de que se elija a esas autoridades.
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Esto porque en un informe elaborado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) se identificó la existencia de irregularidades e incumplimientos normativos desarrollados con anterioridad.
La situación interna, no obstante, ha llegado a instancias judiciales.
Antes de lo resuelto este miércoles por el CES, en un comunicado, la Universidad Central mencionó que cualquiera que sea la decisión les asiste el derecho a interponer las acciones administrativas y judiciales que correspondan frente a lo que llamó abuso, la prepotencia y el interés de violentar una vez más la autonomía universitaria con pretextos que evidencian un claro afán de afectarlos. (I)