Más aspectos negativos que positivos hay para el colectivo Afectados por Créditos Educativos en el decreto ley del Gobierno para los ciudadanos en coactivas a sus préstamos.
El decreto reforma cuatro leyes y permitiría la eliminación del reporte de las operaciones en coactivas para el buró de crédito, ampliación del beneficio de la condonación total o parcial de deuda al deudor principal, su cónyuge, hijo dependiente y familiares que padezcan una discapacidad.
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Además, remisión de intereses, multas y recargos del 100 %, generados por las obligaciones que hayan vencido o convenios de pago en todos los procesos coactivos, posibilidad de suscribir un convenio de facilidades de pago para deudas de hasta $ 45.000 presentando únicamente garantías personales, y si el deudor no cuenta con empleo, podrá acceder a un periodo de gracia que no generará intereses ni recargos.
Entre los aspectos negativos, según esa organización, está que se solicita garante para montos hasta $ 5.000, se pide garante adicional para montos entre $ 20.000 y $ 45.000 y para montos que superen los $ 45.000, una garantía hipotecaria.
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Otros problemas se relacionan a que no hay un plazo establecido para acceder a los beneficios de la ley, la condonación de la deuda es parcial condicionada, no se considera la opción de realizar abonos al capital ni qué incentivos habría en estos casos.
Entre los aspectos positivos se destaca que hay un reconocimiento a la vulnerabilidad, que se incluye en los beneficios a las personas con discapacidad o que se mantiene la mora por un plazo de seis meses.
Las deudas vencidas por créditos educativos ascienden a $ 69,5 millones, según la Senescyt
Carlos Jaramillo, presidente de ese colectivo, que agrupa a unas 400 personas, indicó que hay trabas que continuarán, y a modo de ejemplo indicó que si bien aumentó el techo de capital para las garantías hipotecarias, ahora se piden dos garantes, lo que es un problema, pues conseguir una garantía no es fácil más aún cuando hay personas que están con procesos coactivos.
Jaramillo expresó que no entienden por qué se condonan las deudas de acuerdo a la discapacidad que tengan las personas cuando sería mejor condonar el 100 %.
No pudo estimar un número de personas que podrían ser beneficiadas y recordó que con otras iniciativas estatales solamente 500 personas han accedido a convenios de pago, pero obligados porque -agregó- sus garantes estaban con inconvenientes.
Las deudas vencidas por créditos educativos y que están en proceso de coactiva, hasta mayo del 2023, ascienden a unos $ 70 millones, $ 50 millones corresponden al capital y $ 20 millones a los intereses, multas y recargos, según el Gobierno. Corresponden a unas 12.000 personas.
Fabián Bravo vive en Portoviejo e hizo un crédito educativo de $ 35.000 en el 2013 para ir a estudiar un posgrado en Economía de Petróleo y Gas Natural en Argentina. Diez años después no ha podido ejercer esa profesión y la deuda ronda los $ 58.000. Estima que pagó unos $ 8.000.
Andrea Montalvo, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), mencionó que no van a condonar las deudas, sino los intereses, multas y recargos.
“Es la peor decisión que he tomado en mi vida, porque después vinieron los problemas ya que no conseguí empleo, estuve con impedimento laboral, se fue haciendo como un círculo vicioso el tema de la deuda (...), sigue subiendo”, dijo Bravo.
Padre de familia, de 40 años y con dos hijos, hizo un convenio de pago, pero vino la pandemia. Considera que es imposible cancelar la deuda sin un plan de inserción laboral.
Sobre el decreto ley del actual Gobierno, para Bravo, no es la ayuda que requieren porque -entre otras cosas- argumentó que piden garantías hipotecarias, garantes, y las tasas de interés son vistas como crédito de consumo. (I)