Una vez aprobada la ordenanza que permite la activación del sistema de la tercera placa en Quito, con el fin de mejorar la movilidad y el control del tránsito en todas las vías de la ciudad y, sobre todo, en las de más alta siniestralidad, el Municipio de Quito ha identificado infracciones de tres categorías (leves, graves y muy graves) para los conductores que no acaten las normativas de uso del dispositivo electrónico de identificación vehicular (DEIV), nombre original del chip que será instalado en el parabrisas de los carros que aprueben la revisión técnica vehicular y su posterior matriculación.
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Las infracciones leves sancionan con un 15 % del salario básico unificado (SBU), es decir, $ 72.30, al vehículo que no porte el dispositivo instalado y al dueño del carro que no reponga la herramienta, en caso de existir algún daño, dentro de los 30 días hábiles.
Las infracciones graves sancionan con el 30 % del SBU, es decir, $ 144.60, a quien realice acciones que atenten contra la lectura correcta del dispositivo o sea reincidente de una infracción leve.
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Por su parte, las infracciones muy graves multan con hasta el 50 % de un SBU, es decir, $ 241, a los titulares que, una vez validado el sistema, al intentar ingresar el número de placa o chasis, este no corresponda con el chip instalado.
El Municipio especificó que la multa será de este porcentaje para quienes circulen con el dispositivo electrónico de identificación vehicular (DEIV) que no corresponda con los datos registrados o que no lo porte al circular por el distrito metropolitano de la capital.
Además, también serán gravemente sancionados quienes falsifiquen, dupliquen o adulteren el dispositivo o sean encontrados con otro número de secuencia distinto al que consta en la base de datos del ente rector.
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Finalmente, la reincidencia en los últimos dos ítems tendrá un costo doble de multa, que también podrá ser pagada con trabajo comunitario. Cada hora equivale al 2,5 % de un salario, según el Municipio.
Quito aprueba el sistema tercera placa: así funcionará desde mediados del 2026
Los valores a pagar son regulados con base en el incremento del sueldo básico, que ascendió de $ 470 a $ 482 y se puso en vigencia el 1 de enero de 2026. (I)
