Momentos de tensión, gritos y sollozos se vivieron durante la audiencia de juzgamiento del acusado por una serie de abusos sexuales a menores de edad en un colegio de Quito, un caso que ha generado conmoción y que vuelve a poner en alerta a la comunidad educativa y a la ciudadanía.
Steeven P. ya fue sentenciado a diecisiete años y cuatro meses de cárcel por la violación de tres infantes. El pasado 15 de enero, el agresor enfrentó una nueva audiencia de juzgamiento en el Complejo Judicial de Rumiñahui, esta vez por el abuso sexual de una víctima adicional: un niño de 4 años de edad.
En el exterior del complejo judicial se congregaron madres y padres de familia de los niños afectados, quienes expresaron su indignación cuando la Policía Nacional resguardó la salida del sentenciado, una vez finalizada la diligencia.
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“No lo defiendan; pueden ser sus hijos”, gritaba una madre entre lágrimas, mientras la fuerza pública impedía que los manifestantes se acercaran al acusado, utilizando escudos plásticos para evitar incidentes mayores.
Más de veinte personas participaron en un plantón pacífico, que derivó en momentos de tensión debido a que los asistentes cuestionaban el fuerte resguardo policial para una persona que enfrenta al menos dieciséis denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores.
Tras la primera sentencia, el Ministerio de Educación recibió una sanción económica equivalente a cincuenta salarios básicos unificados por haber autorizado la revocatoria de funciones del implicado, lo que permitió que continuara laborando en la institución educativa, pese a las alertas existentes.
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Desde el 6 de octubre de 2025 esta resolución se encuentra vigente; sin embargo, hasta el momento las autoridades competentes no han emitido un pronunciamiento público, lo que ha incrementado la preocupación de padres de familia y organizaciones de protección infantil.
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Los hechos investigados ocurrieron en un colegio de Quito, donde durante 2025 se hicieron públicas múltiples denuncias por presuntos abusos sexuales a estudiantes, un caso que ha encendido las alertas sobre la necesidad de fortalecer los controles en las instituciones educativas, escuchar activamente a niños y niñas y denunciar de forma inmediata cualquier señal de abuso, con el fin de evitar que este tipo de hechos vuelva a repetirse. (I)
