De 29.000 a más de 54.000 pasó el número de ecuatorianos en tránsito irregular por la selva del Darién entre 2022 y 2023.
Según cifras migratorias del Gobierno de Panamá, en 2022 hubo 29.356 connacionales que cruzaron esa zona y hasta noviembre del 2023 ya eran 54.125, aunque sin conocer las cifras a diciembre.
Venezuela es el país con la mayor cantidad, pues supera las 317.000 personas.
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El Tapón del Darién es usado como una ruta para llegar hacia los Estados Unidos. Es una frontera natural entre Colombia y Panamá. Los migrantes sudamericanos que quieren llegar a Estados Unidos irregularmente y por tierra deben cruzar esta selva, donde están expuestos a violencia sexual, robos, condiciones naturales adversas propias de la selva, extorsiones y la muerte.
Katherine Herrera, consultora en seguridad pública y de Estado e integrante de la red Amassuru, especializada en Seguridad y Defensa en Latinoamérica y el Caribe, identificó dos rutas, aérea y terrestre, que están usando los ecuatorianos en su intención de llegar a Estados Unidos.
La ruta aérea, que podría costar entre $ 25.000 y $ 30.000, busca llegar a El Salvador, Honduras o México, y luego a la frontera.
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Es un pago, acotó, que se lo hace al coyotero desde Ecuador.
“Estamos hablando de una red justamente dedicada a lo que es tráfico ilícito de migrantes”, refirió.
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La ruta terrestre sale por el norte: Carchi o Sucumbíos, y hasta el Darién podría tener un valor de $ 300 a $ 600. En el trayecto se va pagando a grupos para continuar con el recorrido, cuyo costo podría ascender a entre $ 9.000 y $ 14.000 hasta México.
Sostuvo que los migrantes pueden ser víctimas de violencia o explotación sexual en mujeres, trata de personas, desapariciones, captación para actividades penadas por la ley, explotación laboral para hombres.
Empieza esta migración riesgosa cuando es voluntaria, pero ya en el trayecto, al momento en que se paga y el coyotero se aprovecha del dinero, la persona se convierte en una víctima de tráfico ilícito de migrantes, opinó.
Para Herrera, las causas de esta migración riesgosa son la falta de empleo, inseguridad asociadas a extorsión y vacunas, situación económica, o por reunificación familiar.
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Las provincias de donde salen más migrantes serían Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Guayas, Esmeraldas. La edad va desde los 17 y 35 años.
En estas dos últimas provincias, acotó, no se veía ese tipo de migración, pero la inseguridad es una de las causas a las que se añade la captación para grupos de delincuencia organizada, delincuencia común, en Esmeraldas.
Lissette Pardo, presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador, que trabaja en temas de movilidad humana con enfoque en mujeres y madres, señaló que ellas se desplazan con el objetivo de mejorar la economía de sus hogares. También trabajan con mujeres trans.
Identifica factores como la brecha salarial, la falta de trabajo, la falta de garantías para poder trabajar en actividades ambulantes, aumento de turismo sexual con presencia de extranjeras, padres que abandonan los hogares, extorsiones.
Pardo estimó que entre junio y noviembre del 2023 habría unas 12.000 mujeres que partieron por caminos irregulares, tomando en cuenta el acompañamiento que han realizado.
La mayoría, puntualizó, de Chimborazo y Tungurahua. Otras de Pichincha y Bolívar. Su edad entre 12 años y 42 años. Y de las 12.000 unas 8.000 han llevado a sus hijos y alrededor de 500 estaban embarazadas.
Añadió que hacen seguimiento a los desplazamientos y unas 2.000 aún no llegan a Estados Unidos, pero las que lo han conseguido llegar han visto desde “violaciones, trata de personas, niñas y niños se pierden; tienen un shock emocional bastante fuerte y algunas que han llegado hasta ahora no han encontrado trabajo”.
Pardo espera que leyes, aprobadas o nuevas, abran espacios laborales para las mujeres. También que haya planes de educación financiera desde organizaciones civiles.
Si bien Herrera ve a la salida de ecuatorianos como un tema estructural, agregó que también es una falta de atención por parte del Estado.
Recomendó que haya intervención estatal tomando en cuenta la realidad de cada provincia. (I)
