‘Ni idea de cómo podemos hacer para de una vez cancelar la deuda’: alumnos con créditos educativos vencidos esperan solución en nueva Asamblea tras negativa de Corte Constitucional

Una solución para quienes recibieron créditos educativos se sigue dilatando luego de que la Corte Constitucional (CC) emitiera dictamen desfavorable al decreto ley del Gobierno que planteaba un apoyo financiero a favor de beneficiarios coactivados de créditos educativos, becas y ayudas económicas.

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El decreto reformaba cuatro leyes y permitía la eliminación del reporte de las operaciones en coactivas para el buró de crédito, ampliación del beneficio de la condonación total o parcial de deuda al deudor principal, su cónyuge, hijo dependiente y familiares que padecieran una discapacidad.

Además, remisión de intereses, multas y recargos del 100 % generados por las obligaciones que hayan vencido o convenios de pago en todos los procesos coactivos, posibilidad de suscribir un convenio de facilidades de pago para deudas de hasta $ 45.000 presentando únicamente garantías personales; y, si el deudor no contaba con empleo, podía acceder a un periodo de gracia que no generaría intereses ni recargos.

La CC emitió dictamen no favorable porque, a su criterio, la norma propuesta “no aborda circunstancias apremiantes, pues se trata de un problema estructural que data de hace más de una década y que nunca fue considerado apremiante por la Función Ejecutiva”.

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Tal es el caso, señala la Corte, que antes de la disolución de la Asamblea Nacional se presentaron dos proyectos de ley sobre este tema, pero fueron tramitados de forma ordinaria porque el presidente de la República no los calificó como proyectos urgentes en materia económica.

Asimismo, la Corte informó, entre otros aspectos, que el Ejecutivo “no presentó ninguna razón que evidenciara que surgió una circunstancia superviniente que distinguiera la situación actual de la anterior para acreditar una situación actualmente apremiante”.

Si para la CC no es apremiante, para los deudores sí, porque la deuda se vuelve impagable.

“Estoy completamente desesperada. No tengo ni idea de cómo podemos hacer para de una vez cancelar la deuda, porque no hay solución”, dijo Valery Ordóñez, pues su hijo Isaac obtuvo hace seis años un crédito educativo por $ 48.943 para ser piloto comercial en una escuela en Guayaquil, pero esa institución académica cerró. No pudo pagar el préstamo y cayó en coactiva. La deuda actual es de $ 97.000.

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Los garantes del préstamo son los abuelos del chico, que además tiene un hermano con 100 % de discapacidad.

Isaac está en la central de riesgos, pero aún su cuenta bancaria no la congelan, dice quien labora como asistente en un bufete de abogados y gana $ 600.

“Lo que me van a decir es que tengo que dar un abono y que tengo que dar dos garantías más aparte de las personales (...). Vivo en una incertidumbre, porque no tengo de dónde sacar dinero”, dijo sobre lo que ahora va a pasar.

El crédito habría quedado insubsistente, porque el decreto ley permitía la condonación de deudas para personas que tuvieran enfermedades catastróficas o que tuvieran discapacidad, y no solamente al deudor, sino a su cónyuge y sus hijos.

Carlos Jaramillo, presidente del colectivo Afectados por Créditos Educativos, sostuvo que ven con preocupación el rechazo, porque algunas familias con enfermedades huérfanas, raras y con discapacidad pusieron esperanza en la aprobación de la normativa, aunque la propuesta gubernamental tampoco llenaba todas sus totales expectativas.

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Destacó, por ejemplo, que si bien aumentó el techo de capital para las garantías hipotecarias, pedían dos garantes.

Shirley Viteri tiene dos hijos que estudiaron con créditos educativos. A su hija le congelaron las cuentas y también las del garante, los reportaron al buró de crédito, tenían prohibición de trabajar en el sector público y tuvo que reestructurar para firmar un nuevo convenio.

Su otro hijo está en coactiva, y del préstamo inicial de $ 20.000 ahora está en $ 32.000, con intereses y costas judiciales.

“Siempre hemos querido pagar, pero en condiciones reales, con tasa de interés social, no de consumo, no con cuotas de $ 400, $ 500 y hasta $ 800 cuando son jóvenes desempleados, dependientes de sus padres y lo que trabajan no les alcanza para pagar”, sostuvo Viteri.

Las deudas vencidas por créditos educativos y que están en proceso de coactiva, hasta mayo del 2023, ascienden a unos $ 70 millones, $ 50 millones corresponden al capital y $ 20 millones a los intereses, multas y recargos, según el Gobierno. Corresponden a unas 12.000 personas.

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Jaramillo agregó que se planteó al Ejecutivo que se refinancien todos los créditos educativos en etapa de coactivas con los créditos de Ban Ecuador al 1 %.

Lo que esperan ahora es la instalación de la nueva Asamblea Nacional para que se trate el tema de forma urgente. (I)