Un juez de Garantías Penales llamó a juicio a nueve de trece procesados por el caso de presunto peculado suscitado en el área de traumatología del hospital del Guasmo Sur, lo que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado de $ 455.000 en la compra de medicamentos e insumos
Dentro del mismo caso, cuatro presuntos involucrados fueron sobreseídos. Ante esto, la Fiscalía indicó que esperará el texto del juez para apelar tal decisión.
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La sentencia del juez se dio luego que el 13 de julio de 2020 Fiscalía iniciara una investigación por una denuncia de presuntas irregularidades en la compra de varios insumos para la unidad de traumatología.
“Se investiga un supuesto contrato para adquirir 41 insumos destinados al área de traumatología, de los cuales solo ingresaron 8; mientras que 3 no correspondían a ese contrato, pero lo incluyeron para lograr el pago”, indicó el fiscal en la sala de audiencia.
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Dentro de la sala, el magistrado analizó varios documentos para emitir su sentencia. Entre los que figuraban copias certificadas del contrato investigado y remitido por el Ministerio de Salud Pública (MSP), las versiones de los auditores de la Contraloría General del Estado (CGE), la pericia en contratación pública, experticia contable, el informe del Servicio de Contratación Pública, entre otros.
El juez del caso también analizó un documento de la Contraloría. El informe con los indicios de responsabilidad penal que reveló que existe un sobreprecio y perjuicio de $ 455.487,20, por un contrato de $ 645.120.
Los llamados a juicio son Álvaro P. A. (exgerente administrativo), Nury P. C. (jefa de Compras Públicas); Pedro Ch. S. y José S. M. (integrantes de la comisión técnica); María C. H. (jefa de bodega); Néstor H. A. (asistente financiero); Ángela Q. R. (funcionario de activos fijos); Ana H. R. (asistente de bodega); y, Lenín R. G. (proveedor).
A los procesados, Álvaro P. A. y Lenín R. G., les ratificó la prisión preventiva, a pesar de que estos se encuentran prófugos y fuera del país. Mientras, para los otros siete procesados, el magistrado dictó medidas cautelares de presentación semanal ante la Fiscalía y su prohibición de salida del país.
El proceso que se les sigue a los presuntos involucrados en el caso de peculado está sustentado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Allí se sanciona con pena privativa de libertad de diez a trece años a las personas que se les compruebe su participación en un caso de peculado. (I)