La mañana de este jueves, 27 de marzo, se presentó en la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra el cobro del peaje de la autopista General Rumiñahui, administrado por la Prefectura de Pichincha.
La demanda fue respaldada por el concejal metropolitano Fidel Chamba y la asambleísta de Pichincha Inés Alarcón, junto con miembros de un colectivo ciudadano que rechaza el pago de esta tarifa.
Actualmente, el peaje de la autopista General Rumiñahui tiene un costo de $ 0,39 y es utilizado diariamente por un aproximado de 90.000 vehículos.
La acción legal busca suspender el cobro argumentando que la ordenanza que lo establece contraviene la Constitución.
El concejal Fidel Chamba explicó que la acción se basa en el artículo 301 de la Constitución, el cual estipula que cualquier norma que establezca, modifique o elimine tributos debe provenir del órgano competente.
‘No estamos de acuerdo con un peaje en área urbana’, dicen moradores de autopista General Rumiñahui
Según Chamba, en este caso, la autoridad competente para fijar tarifas en el Distrito Metropolitano de Quito es el Concejo Metropolitano, no el Consejo Provincial de Pichincha.
“Esta ordenanza aprobada por el Consejo Provincial adolece de normas constitucionales, ya que delega a la prefecta la potestad de fijar el peaje, cuando en realidad cualquier tributo en un área urbano-rural debe provenir de la autoridad competente, que es el Concejo Metropolitano de Quito”, señaló Chamba.
El pedido también cuenta con el respaldo del colectivo Vecinos Unidos Fuera Peaje Fuera, liderado por Jorge Calero, quien expresó el descontento de la ciudadanía frente a esta tarifa.
“Nos vimos en la necesidad de organizarnos porque este peaje es inconstitucional. Hemos recibido el respaldo de autoridades, como el concejal y la asambleísta. No vamos a aceptar más el cobro y esperamos que la Corte Constitucional suspenda esta tarifa hasta que se solucione el problema de fondo”, indicó Calero.
El colectivo prevé realizar el cierre temporal de la autopista, y no descarta nuevas acciones en caso de que la demanda no prospere.
Además, anunciaron que presentarán un reclamo ante la Defensoría del Pueblo, argumentando que la tarifa afecta la economía de los ciudadanos y el derecho a la libre movilidad.
Ahora, la Corte Constitucional deberá evaluar la acción presentada y determinar si admite el trámite de la demanda. Mientras tanto, los usuarios de la vía continúan pagando la tarifa vigente de $ 0,39, a la espera de una resolución que podría cambiar la administración de este peaje en el futuro cercano.
Se consultó con la Prefectura de Pichincha y respondieron que desconocían de la acción de inconstitucionalidad en su contra. Señalaron que tendrán que ser notificados y que los abogados actuarán en el marco de la legalidad. (I)
