Tres cantones de Manabí y un grupo de agricultores se encuentran en disputa por el acceso al agua que transporta el acueducto La Esperanza.
El pasado miércoles 6 de diciembre “Los Regantes”, un grupo de agricultores de Rocafuerte y cantones aledaños, obtuvieron una medida cautelar para que se les garantizara el acceso al agua.
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Esto porque Refinería del Pacífico (RDP), empresa en liquidación desde el 2021, estaba desconectando las redes no regularizadas con el apoyo de los militares.
Los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó se sienten perjudicados por decisión judicial, pues aseguran que actualmente casi no les llega agua desde La Esperanza.
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Simetrio Calderón, alcalde de Jaramijó, dijo que con el Municipio de Manta interpondrán una acción judicial para que también se les garantice el abastecimiento de agua potable.
Calderón señaló que no está de acuerdo con la resolución judicial y cree que el juez debía consultar, antes de su dictamen, con los representantes de los tres cantones.
“Tenemos a miles de personas en nuestras ciudades que claman por el agua, mientras que estos señores tienen más de 200 albarradas sin nadie que los controle”, reclamó.
Dijo que Jaramijó depende totalmente del acueducto y en este momento apenas reciben 1.500 metros cúbicos de agua (m³) de los 7.200 m³ que deberían recibir al día. Esto lo obliga a comprar agua a tanqueros a precios altos, para entregarla en los barrios.
“Llevamos ya cinco meses en esta situación. Lo que pasa también es que le dan agua a las grandes industrias. Hay un poder político y económico muy grande, gente que tiene hectáreas de sembríos de pitahaya. A ellos no les interesa el pobre, el humilde, solo su beneficio personal”, cuestionó.
El acueducto La Esperanza empezó a funcionar en mayo del 2017. Fue construido para abastecer de agua a la Refinería del Pacífico, proyecto que nunca se concretó.
Según un informe de la RDP desde ese año hasta noviembre del 2023 han entregado 163′400.245 m³ de agua potable. De esta cifra 104′344.279 m³ ha sido para el uso de los agricultores, 11′585.068 llegó a los habitantes de Montecristi, 14′489.432 a Jaramijó y 32′981.466 a Manta. Es decir que el 63,86 % del agua se fue al sector agrícola.
Carlos Wong, liquidador de la empresa, dijo que aún no reciben por escrito la notificación del fallo judicial por parte del juzgado. Cuando la tengan analizarán una respuesta en el ámbito legal.
Cuestionó, además, la resolución del juez y asegura que “no tiene razón de ser”, pues lo considera un retroceso al trabajo que se venía realizando. “La compañía se planteó hacer sostenible el acueducto a través del pago por el agua. Para eso estábamos haciendo desconexiones. Ya hemos logrado que 31 usuarios estén regularizados entre pequeños, medianos y grandes”, expresó.
Wong dijo que desde agosto de este año se vive una crisis hídrica en Manta, Montecristi y Jaramijó debido a que los agricultores han ido incrementado su consumo del agua. Es así desde ese mes (agosto) pasaron de ocupar el 81,4 % del agua del acueducto al 90,5 %.
Esto a pesar de que se establecieron horarios para entregar el líquido: 12 horas en la mañana para “Los regantes” y 12 en la noche para los tres municipios, pero esto no se ha respetado, sostuvo.
Agregó, además, que actualmente el acueducto solo funciona con tres de la seis bombas, las otras tres están dañadas. Por eso que de los 6.000 m³ de agua por hora que debería enviar solo bombea 3.000.
“A todo esto se suma que el acueducto está en estos momentos sin seguro. Es decir que si mañana se rompe debido a las lluvias o alguna otra razón, no hay cómo repararlo porque no se han cancelado los 800.000 dólares a la aseguradora”, explicó.
A Miguel Cevallos, gerente de la Empresa Pública Aguas Manta, le preocupa lo que está ocurriendo con el acueducto y señaló que la decisión judicial afecta a Manta, una ciudad que en estos momentos ni siquiera recibe agua de La Esperanza. La última vez fue el 1 de diciembre y solo les llegó 500 m³. Debería recibir 30.000 m³ al día.
Un 20 % de la población de Manta se abastece por esta fuente.
Cevallos dijo que propusieron al anterior Gobierno pagar una tarifa por el agua de La Esperanza, pero nunca hubo una respuesta. La propuesta era pagar un centavo por metro cúbico.
“Entendemos la problemática, hay una situación por conexiones no regularizadas, pero va más allá de lo que la ciudad pueda hacer como gestión por este acueducto que es de dominio nacional”, señaló.
Montecristi también se ve perjudicado por este conflicto y pondrán a consideración algún tipo de acción judicial.
Su alcalde Jonathan Toro dijo que no estaban recibiendo agua, pero firmaron un convenio con RDP para que se les dé el líquido y cancelarán 32 centavos por cada metro cúbico desde enero. Ahora reciben 4.000 m³ al día.
“Nos sale mucho más barato pagar esta agua, porque es caro comprarla a tanqueros. Nos gastábamos 30.000 mensuales; con refinería en un día podemos entregar más agua a un precio más bajo”, indicó.
Este acueducto abastece al 75 % de la población de Montecristi que tiene tuberías. Al resto les llega agua desde la planta Caza Lagarto y El Ceibal.
Jhony Mendoza, representante del grupo de “Los Regantes”, explicó que el juez aprobó la medida cautelar porque se debía detener la vulneración del derecho al acceso al agua.
Dijo que ellos están dispuestos a regularizarse, sin embargo, no se ha concretado porque RDP les quieren cobrar a $ 0,50 por cada m³. “Para nosotros es imposible pagar ese valor, eso lo pueden hacer los que siembran para exportar. Nosotros queremos pagar por hectárea tal y como está en la ley”, agregó.
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Añadió que los agricultores utilizan un 50 % del agua de La Esperanza, no el 90 % “El resto los usan las grandes empresas asentadas a lo largo de la tubería. Nosotros vamos a defendernos y hemos pedido que se designe al nuevo gobernador, porque Wong debe salir por el bien de todos”, expresó.
Mendoza reveló además que entre los cerca de cinco mil agricultores que forman su organización han aportado en todo este tiempo con al menos 200.000 dólares para el acueducto.
Los rubros se desglosan en alimentación para los técnicos de la refinería, reparación del acueducto cuando se dañó en el 2022, hospedaje para los técnicos que repararon la tubería, entre otros gastos. (I)