El Ministerio del Interior indicó que el procedimiento de verificación de salida aplicado al excandidato a vicepresidente, Diego Borja, el 15 de abril de 2025, en el paso fronterizo del Puente Internacional de Rumichaca, “respondió a protocolos migratorios habituales”.
La cartera de Estado indicó que el proceso de control migratorio que se ejecuta de forma permanente en los diferentes puntos de ingreso y salida del país se realizan conforme a la normativa vigente, garantizando los derechos de la ciudadanía.
Sostuvo que Borja se presentó en el punto de control migratorio portando una gorra y una mascarilla, y se le solicitó la documentación pertinente y que se identifique de manera correcta ante las autoridades migratorias competentes.
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No obstante, según esa cartera de Estado, el ciudadano decidió retirarse voluntariamente del lugar y de manera intempestiva, dejando sus documentos de identidad abandonados, sin poder concluir el proceso de salida.
“El Ministerio del Interior reitera el compromiso permanente con la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la legislación ecuatoriana en el control de los ingresos y salidas del país por los pasos migratorios autorizados”, indicó.
Más temprano, el excandidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana denunció este miércoles un presunto intento de detención arbitraria por parte de funcionarios migratorios de Ecuador en el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Colombia.
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Según Borja, el hecho ocurrió mientras él y su esposa realizaban el proceso de salida del país para pasar el feriado de Semana Santa en territorio colombiano. A través de un comunicado difundido en redes sociales, aseguró que le fue retirada la cédula de identidad sin una orden judicial o explicación oficial, y que los agentes actuaron “con absoluta prepotencia”.
“Mi ‘falta’ ha sido ser el binomio vicepresidencial de la Revolución Ciudadana”, expresó Borja. Sin embargo, señaló que logró cruzar a Colombia: “Logré resguardar mi integridad cruzando a territorio colombiano, evitando así una detención sin causa, sin orden judicial y sin ninguna base legal”.
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“Esta no es la primera arbitrariedad ni la única vulneración a mis garantías, mí seguridad y la de mi familia. Las amenazas deben parar”, expresó el político. “El Estado es responsable de garantizar nuestra vida y nuestros derechos”. (I)
