Leyes regresivas y violencia policial contra huelguistas son algunas de las razones por las que Ecuador ha sido calificado como uno de los diez peores países en el mundo para los trabajadores, según un informe del Índice Global de Derechos.
Aunque es la primera vez que entra a esta lista, el país ya ha seguido una tendencia de constantes violaciones a los derechos laborales en las últimas décadas. Así lo señaló Marcela Arellano, presidenta de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), en una entrevista con radio Pichincha esta mañana.
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Arellano afirmó que desde los años noventa ha habido reformas laborales que atacan a los derechos de los trabajadores, aunque en esa década el ataque fue contra los trabajadores del sector privado. A partir de la reforma constitucional del 2008, “se inicia un retroceso, una regresión de derechos para los trabajadores del sector público”.
En la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep, 2010) se detalla que todas las personas que trabajen dentro del sector público “serán servidoras o servidores públicos”. Por lo tanto, no pueden acceder a los derechos de libertad sindical, reclamó Arellano.
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“Eso implicó que a partir del 2014, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ubique al Ecuador como uno de los países más peligrosos para los derechos de los trabajadores en el sector público”, recalcó la presidenta de la Ceosl. Desde entonces, el país ha entrado a la lista larga y corta de la OIT.
La Confederación de Organizaciones Sindicales Libres da cuenta de que en Ecuador, “las violaciones a los derechos de los trabajadores son reiteradas, independientemente de la orientación política de los gobiernos de turno”.
El rol del movimiento sindical, según Arellano, es defender los derechos laborales. A propósito de ese objetivo, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) presentó en el 2021 un proyecto de código orgánico de trabajo “que plantea una reforma total a la norma laboral”, pues “tenemos una forma de trabajar distinta a cuando se construyó el primer Código deTrabajo ecuatoriano, que es en 1938″.
Este proyecto, de acuerdo con Arellano, plantea que hay nuevas formas de trabajo, como los trabajos digitales, que también requieren protección. Además, reconoce que el Estado tiene una faceta de empleador y que debe garantizar los derechos de sus trabajadores, y eso implica que haya reconocimiento y libertad sindical.
Según la presidenta del Ceosl, otro problema es la precarización de los trabajos por medio de los contratos.
Ella denunció los “contratos emergentes, contratos juveniles, contratos agrícolas”, porque “son inestables, inseguros y no permiten la vida digna de las personas”.
“Si no hay salarios dignos, si no hay estabilidad en el Ecuador, no habrá posibilidades de que haya recuperación económica”, argumentó. (I)