Oswaldo Trujillo, abogado defensor de la vicepresidenta Verónica Abad y de su hijo Francisco Sebastián B. A., afrontará cargos por su presunta participación en el delito de tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
La Fiscalía formuló cargos contra el abogado por ese presunto delito y la jueza dispuso prisión preventiva.
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El letrado fue aprehendido la tarde del 16 de enero durante un allanamiento ejecutado en una urbanización situada en el nororiente de Quito.
Dentro del domicilio del ahora procesado se hallaron municiones de uso militar y armas de fuego, que fueron levantadas como indicios relacionados con el delito que se investiga.
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La Fiscalía indicó que tras la verificación efectuada en campo se determinó que las municiones correspondían al Ejército.
Este caso se procesa bajo la figura de delito de tenencia y porte no autorizado de armas, municiones o componentes de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de uso privativo de la Policía Nacional, que está tipificado en el artículo 360.1 del COIP. La instrucción fiscal durará treinta días.
Entre estos elementos de convicción que ha reunido la Fiscalía constan una certificación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el documento reveló que alrededor de 15.000 municiones halladas en la vivienda del procesado –que no pudo justificar su tenencia– eran de uso militar.
Según la Fiscalía, se determinó que una de las armas halladas en dicho inmueble también era de uso de las Fuerzas Armadas.
La fiscal de la Unidad de Investigación de Delitos Flagrantes también citó una certificación de la Dirección de Centro de Acopio de la Policía Nacional, el formulario único de cadena de custodia, una pericia balística practicada a las municiones y al arma, la versión del agente aprehensor, entre otros elementos.
Ese allanamiento producido la madrugada del jueves generó que Oswaldo Trujillo no asistiera a la audiencia de juzgamiento en el caso Nene, causa en la que se analiza el delito de oferta de tráfico de influencias. La diligencia estaba convocada para las 08:30 de este 16 de enero en la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito. (I)