Juez autoriza tomar muestras toxicológicas a presuntos estafados con vacunas de cloruro de sodio que supuestamente eran dosis de Pfizer contra el COVID-19

Manta, Manabí Luego de la audiencia de flagrancia, a cuatro de las cinco personas detenidas por los presuntos delitos de estafa y presunta producción, fabricación, distribución, almacenamiento de productos de consumo o uso humano adulterado, les fue dictada prisión preventiva hasta por 30 días, que durará la instrucción fiscal.Así lo resolvió Christian Villarroel, juez de la Unidad Judicial Penal de Manta.La única persona a la que le dispusieron arresto domiciliario es a Josefa P. M, ya que por su edad, 70 años, se determina esta alternativa.De los cuatro restantes detenidos tres fueron llevados a la cárcel de El Rodeo y una al centro de detención femenino Tomás Larrea, ambos centros de rehabilitación social ubicados en Portoviejo.Pero también dentro de las resoluciones adoptadas por el juez Villarroel se dispuso que a dos testigos, que rindieron declaraciones en la audiencia de flagrancia, se les extrajeran del organismo fluidos para realizarles una pericia toxicológica.Esto se suma al pedido de que se explote la información de los teléfonos celulares que se requisaron durante el Operativo Impacto 473, el fin de semana anterior.Las cinco personas fueron detenidas el sábado luego de que se denunciara que mediante redes sociales ofrecían la supuesta vacuna contra el COVID-19, de la marca Pfizer, por la que incluso cobraban 25 dólares por unidad.Así lo indicó Ronny Chávez, jefe de la Policía Judicial de Manabí.El agente policial declaró que las personas señaladas en estos dos delitos habrían realizado la aplicación de dosis a personal de algunas empresas de la provincia de Manabí. Según las primeras investigaciones, unas 400 personas habrían sido estafadas con las dosis, que en realidad serían de cloruro de sodio.Los restantes cuatro detenidos: María F. M., Francisco M. A., Luiggi V. S., al igual que Josefa P., decidieron acogerse durante la audiencia de flagrancia al derecho al silencio.En tanto que Nelson B. Z. indicó que él es chofer de la adulta mayor y que solo cumplía órdenes que ella le impartía, según lo expuesto en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje).La detención de estas personas, quienes presuntamente comercializaban vacunas adulteradas, llamó la atención de la ministra de Salud, Ximena Garzón, quien a través de su cuenta de Twitter indicó que la decisión del Gobierno es clara, que es respetar la política del Estado y que la justicia ordinaria determinará responsabilidades en el caso de Manabí y otro suscitado en Guayas.Xavier Mendoza, asesor jurídico de la coordinación zonal 4 del Ministerio de Salud Pública (MSP), indicó que ellos fueron alertados de un caso de presunta falsificación de vacunas y que se estaban aplicando supuestamente esas dosis en una empresa privada de Manta.Ante aquello, el funcionario pidió que los presuntos perjudicados denunciaran a Fiscalía si fueron inmunizados con una vacuna que supuestamente era para aplicarse contra el COVID-19.“Informes de laboratorio de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) determinaron que no es una vacuna de las autorizadas por el MSP y que se trata de una sustancia que es cloruro de sodio y magnesio, el cual puede atentar contra la salud y la vida de las personas”, señaló Mendoza.En un comunicado de la Arcsa se señaló que las jeringas retenidas durante el operativo policial efectuado el sábado no contaban con marca o denominación de ninguna de las vacunas autorizadas para su uso en Ecuador y que, al momento de la recepción de las supuestas vacunas, llegaron en condiciones no aptas para su aplicación, ya que no se respetó la cadena de frío.Aunque aún no se contaba con un informe oficial de los análisis físicos y químicos realizados a las jeringas retenidas, la Arcsa ya tiene una versión preliminar.“Un informe preliminar de laboratorio arrojó la presencia de altos índices de sodio en el líquido, lo que sugería que podría tratarse de suero salino o incluso agua de mar”, se emitió en un comunicado de la Arcsa.La supuesta aplicación de agua de mar o sales marinas no es desconocida en Manabí, ya que en abril de 2020 se denunció que en Jaramijó cerca de mil personas habrían recibido una supuesta dosis con sales marinas, a través de una fundación, acto que presuntamente fue de forma gratuita.Una de las personas que desplegaron esa campaña reconoció por vía telefónica a Diario EL UNIVERSO que ellos no tenían autorización del MSP para aplicar esas vacunas a personas como prevención e incluso a afectados de COVID-19, en ese cantón manabita.Ana Ramírez, directora ejecutiva de la Arcsa, hizo un llamado a la ciudadanía a que no se apliquen vacunas en lugares externos a la Red Integral de Salud y que denuncien en caso de conocer de lugares clandestinos donde se pongan estas supuestas dosis contra el COVID-19. (I)

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