Con la vinculación del asambleísta Raúl Chávez, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC)-RETO, ya son doce personas procesadas dentro del denominado caso Goleada.
Se investiga el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
Asambleísta Raúl Chávez anuncia, en un video, que se defenderá “en libertad” en caso Goleada
Antes de la audiencia de vinculación estaban procesadas once personas: el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, sus hermanos Xavier y Antonio, quienes están detenidos, al igual que dos personas más.
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Adicionalmente seis personas que mantienen una medida cautelar sin estar presas.
Según la Fiscalía, se investiga un “entramado societario complejo” alrededor de la comercialización de combustible.
La vinculación del legislador se dio después de que el juez Jairo García, del Tribunal de Garantías Penales para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, no aceptó el pedido de Carlos Soria, abogado de Chávez, de que se inhiba del conocimiento del caso para su defendido y pase a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
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En la audiencia de vinculación realizada este viernes, 27 de marzo, la Fiscalía pidió que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva para Chávez.
A las 19:22 de este viernes la Fiscalía anunció que se reinstaló la audiencia de vinculación de Raúl Ch., a la causa.
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A las 20:10 se conoció que el juez aceptó el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para el legislador, quien se suma a los 11 procesados dentro del caso Goleada.
Además, se ordenó la inmovilización y el congelamiento de los fondos que mantiene el procesado en el Sistema Financiero Nacional.
La instrucción fiscal se extenderá por 30 días para continuar con la investigación por presunta delincuencia organizada.
Durante la audiencia, se presentaron elementos de convicción que permiten presumir que el legislador de la alianza RC-Reto supuestamente mantendría vínculos comerciales con empresas que forman parte del entramado investigado y por tanto, con los demás procesados.
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Uno de estos elementos sería una versión en la que se señala que el asambleísta habría sido beneficiario de transferencias de dinero, de forma personal y a través de su empresa, por parte de personas jurídicas investigadas, sin que exista una relación comercial que la justifique.
Según la Fiscalía, esto evidenciaría una presunta simulación de servicios para obtener beneficios económicos indebidos.
Asimismo, se evidenció el posible traspaso de un vehículo a la empresa del ahora procesado, sin que exista registro del pago correspondiente.
Estos hechos se sumarían a otros que sustentan los elementos de convicción como conversaciones grupales e información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Luego de la decisión, Chávez consideró que lo actuado por el juez está “al margen de la ley, irrespetando fuero, inmunidad y todos los principios constitucionales fundamentales: derecho a la defensa, debido proceso, seguridad jurídica y el principio de legalidad”.
El pronunciamiento lo hizo a través de su red social X, a las 21:07 de este viernes. (I)
