La Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (Etapa EP) rechazó la información difundida en un informe de Contraloría que analizó la gestión del talento humano.

En el informe, según una publicación de Contraloría, además estableció responsabilidades civiles o penales.

El pronunciamiento de Etapa Ep se produjo después de que la Contraloría aprobara el informe general de auditoría No. DPA-0066-2025, relacionado con un examen especial a los subsistemas de gestión del talento humano de Etapa EP, que abarcó el período comprendido entre el 1 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2025.

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En el informe se analizaron procesos de gestión del talento humano como planificación, clasificación y valoración de cargos, reclutamiento, contratación, evaluación de desempeño, capacitación y pago de remuneraciones.

Según el organismo de control, la auditoría identificó presuntos incumplimientos a recomendaciones previas, observaciones en procesos de contratación y pagos, así como valores pendientes de recuperación por distintos conceptos.

Entre ellos, se mencionan pagos en exceso del décimo tercer sueldo de años anteriores, irregularidades en la creación y designación de un cargo directivo, y la falta de acciones de cobro de montos observados, que en conjunto sumarían más de $ 245.000.

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El informe también hace referencia a indicios de responsabilidad penal y a posibles responsabilidades administrativas y civiles.

Etapa EP aclaró que el documento corresponde a un examen administrativo, siendo uno de los objetivos verificar el cumplimiento y seguimiento de recomendaciones formuladas en informes anteriores.

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Sin embargo, Etapa señaló que las observaciones sobre pagos en exceso del décimo tercer sueldo ya constaron en un informe emitido en 2021 y corresponden a administraciones pasadas.

Según la empresa, los expedientes fueron remitidos oportunamente a la Contraloría, entidad que tiene la facultad legal para ejecutar los cobros por la vía coactiva, sin que ello implique responsabilidad directa de la actual administración.

En cuanto a los pagos realizados durante jornadas laborales suspendidas, la empresa precisó que se trata de hechos ocurridos en 2020, durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, y que no corresponden a decisiones adoptadas en la gestión vigente.

Añadió que esos antecedentes también se relacionan con administraciones anteriores.

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Respecto a los valores observados por cerca de $ 195.000, Etapa sostuvo que corresponden a remuneraciones pagadas por trabajos efectivamente ejecutados.

En ese sentido, rechazó el criterio de la Contraloría que plantea la devolución de esos montos, al considerarlo contrario a la Constitución de la República, que reconoce la remuneración como un derecho irrenunciable y prohíbe el trabajo gratuito

La empresa indicó que acudirá a las instancias judiciales para que sea un juez quien determine lo que corresponda conforme a derecho.

Etapa Ep enfatizó que del texto íntegro del informe no se desprende la determinación de responsabilidades civiles ni penales, ni la disposición de remitir antecedentes a la Fiscalía General del Estado.

Afirmó que anticipar o atribuir responsabilidades que no constan en el documento oficial vulnera el debido proceso y desnaturaliza el alcance del examen administrativo.

En la misma línea, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, cuestionó el criterio del órgano de control que plantea la devolución de sueldos y lo calificó de inconstitucional.

A través de la red social X, aseguró que en su administración no se pedirá a los funcionarios que devuelvan remuneraciones “bien ganadas” y dispuso que la empresa defienda a los servidores involucrados.

También recalcó la autonomía municipal para definir la estructura orgánica y solicitó un nuevo análisis técnico sobre la creación o eliminación de cargos. (I)