Pasadas las 10:20 de este lunes 22 de diciembre, se dio por finalizada la audiencia final del caso de los cuatro chicos de Las Malvinas.
A más de un año de la desaparición y posterior muerte de Josué, Nehemías, Ismael y Steven, concluyó el proceso judicial por el delito de desaparición forzada.
Tras conocerse la sentencia, los primeros en abandonar la sala fueron los abogados de las víctimas, mientras que los padres de los menores permanecieron en el interior del establecimiento sin dar declaraciones.
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El Tribunal declaró culpables a 16 militares procesados por el delito de desaparición forzada.
Once de ellos fueron condenados a 34 años y 8 meses de prisión, entre los que se encuentra el jefe de la patrulla.
En tanto, otros cinco militares, considerados cooperadores eficaces tras aportar información a la Fiscalía, recibieron una pena de 30 meses de prisión.
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Por su parte, el teniente coronel Juan Francisco I. M., procesado como cómplice, fue declarado inocente.
Sobre esta decisión, el abogado de las familias, Abraham Aguirre, indicó que en otro momento analizarán si corresponde o no presentar un recurso de apelación.
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Aguirre señaló que este fallo representa un hito para la justicia ecuatoriana, especialmente en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, en el contexto de las declaratorias de estado de excepción.
“Esto es un hito para la justicia ecuatoriana, sobre todo en cuanto a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”, sostuvo.
El Tribunal también impuso una multa de 800 salarios básicos unificados, además de una reparación integral de 10.000 dólares que cada procesado deberá pagar a las víctimas.
Asimismo, ordenó disculpas públicas a través de medios de comunicación y la realización de una ceremonia de desagravio en la base de Taura, que incluirá la colocación de una placa conmemorativa.
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“Se debe garantizar la no repetición de este hecho mediante un acto simbólico en la Base de Taura, donde se develará una placa con los nombres de los cuatro niños de Las Malvinas. Además, se realizará un acto público de disculpas en medios de comunicación que inicialmente los señalaron como delincuentes”, precisó Aguirre.
Junto con las familias, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) analizará la posibilidad de presentar demandas por daño moral contra medios de comunicación y opinólogos que, según Aguirre, emitieron señalamientos “desde el desconocimiento”.
El abogado recordó que por ahora, las familias se enfocarán en procesar su duelo, tras un año marcado por el dolor.
A inicios del próximo año se evaluarán otros procesos judiciales relacionados con el caso.
Por su parte, Fernando Bastias, miembro del CDH de Guayaquil, señaló que para las familias lo más importante es la reparación de la integridad y la memoria de los niños, así como las disculpas públicas, luego que fueran señalados como delincuentes.
Aunque manifestaron sentirse satisfechos con el fallo, los familiares consideran fundamental que se reconozca que existió una omisión del Estado que derivó en un delito, y que se rectifique públicamente la memoria de los menores. (I)
