Entre allanamientos y definición de audiencias transcurren los últimos días de la instrucción fiscal en caso por peculado ocurrido en el Municipio de Quito

A puertas de que se cierre la instrucción fiscal por el delito de peculado ocurrido en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar Covid-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, dos audiencias solicitadas por cinco de los 14 procesados se definen dentro del proceso penal.La primera de las dos audiencias se dará este viernes a las 16:00 en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. En la diligencia los jueces Maritza Romero (ponente), Miguel Narváez y Mónica Bravo analizarán los pedidos de apelaciones a la prisión preventiva que pesan contra la secretaria de Salud del Municipio de Quito, Ximena Abarca; contra quien era encargada de las compras públicas, Jéssica C.; y el excoordinador jurídico, Marco R.El 16 de febrero pasado, en una audiencia de vinculación, el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhaya, ordenó prisión preventiva para estos tres procesados, mientras que para el alcalde de Quito, Jorge Yunda; la c oordinadora técnica de la secretaría de Salud, Linda Guamán, y dos personas más les definió la presentación periódica y el uso de grillete electrónico.La madrugada de este jueves, por pedido del fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, se allanaron las viviendas del alcalde Yunda, en el cantón Rumiñahui, y de quien fue el procurador del Municipio de Quito hasta diciembre pasado, Dunker Morales, ubicada al norte de Quito. El objetivo de la orden emitida cerca de las 03:00 de este jueves era incautar elementos que contengan información relacionada a la investigación.De la vivienda de Yunda la Fiscalía se llevó una computadora y cuatro celulares, además de que se incautó el CPU del sistema de videovigilancia del lugar donde vive el alcalde capitalino , quien dijo que estaba abierto a que las autoridades busquen lo que sea y las veces que sea, pues no tiene nada que esconder. “Pueden ir a mi casa, pueden hurgar en el SRI, en la Súper de Compañías, no tengo cuentas offshore fuera de Ecuador, tengo aquí mi frente en alto”.Justamente la segunda audiencia se dará el martes 16 de marzo próximo, a las 16:30, por solicitud de las defensas del alcalde Yunda, la secretaria Abarca y la coordinadora Guamán. En la diligencia se tratará la revisión, sustitución, revocatoria o suspensión de la medida cautelar ordenada por Jhaya, básicamente en lo relacionado con los depósitos que se realizan en sus cuentas bancarias por concepto de sus remuneraciones.En la audiencia de vinculación, el juez Jhaya dispuso para los siete procesados la orden de inmovilización de cuentas y la prohibición de venta de bienes por $ 5 millones.Nicolás Salas, nuevo abogado de Ximena Abarca, dice estar preocupado por los altos niveles de selectividad e irracionalidad del sistema penal ecuatoriano en este caso. Según él, es innecesaria, desproporcionada e irracional la medida de prisión preventiva , pues las autoridades de justicia jamás justificaron por qué en el caso de su cliente la presentación periódica o el uso de grillete, etcétera,, usadas con otros de los procesados en la misma causa, no podían ser aplicables, y en cambio si cabía la prisión preventiva para la secretaria.“Detrás de todo esto está la idea tergiversada que tiene la Contraloría y la Fiscalía de que ella (Ximena Abarca) tuvo que dar por terminado unilateralmente el contrato, cuando la decisión de ella de dar por terminado no unilateralmente sino por mutuo acuerdo le permitió a la ciudad tener miles de pruebas, que en su momento, en el período de julio a octubre del 2020, permitieron que la primera ola en la que nos encontrábamos se estabilice la ciudad de Quito y pueda detener y esto equivale a salvar miles de vidas”, indicó Salas.Que las pruebas PCR para la detección de Covid-19 entregadas por la empresa Salumed S.A., a finales de abril pasado, a la Secretaría de Salud del Municipio de Quito no eran las constantes en el objeto del contrato, pero aún así fueron validadas para que se firmara el acta de terminación del contrato por mutuo acuerdo, es la teoría que mantuvo el fiscal Santillán en la audiencia de vinculación.A decir de la Fiscalía, el contrato tenía como objeto la compra de pruebas PCR Polimerasa, pero se habrían recibido pruebas de diagnóstico RT Lamp, es decir, una especie diferente a la ofertada y aceptada. De este incumplimiento de especificaciones técnicas , para Santillán, tenía conocimiento Yunda, Abarca y Guamán y existirían una serie de chats que lo revelarían.La Fiscalía sostiene que lo que debían hacer las autoridades era dar por terminado unilateralmente el contrato por incumplimiento de su objeto, declarar incumplida a la empresa contratista y ejecutar las garantías contractuales. La compra irregular de 100.000 pruebas PCR para la detección de Covid-19, habría representado un perjuicio para el Estado de $ 4′226.800.El abogado de Abarca hasta el momento dice no haber encontrado un solo chat que vincule a su defendida con un acto ilegal e incluso asegura que no existe un delito penal como el peculado y si en el caso hay algo que corregir en la contratación se los debería haber hecho por la vía administrativa, más no penal.Salas adelantó que en estos últimos días de instrucción una de sus aristas para fundamentar su defensa es solicitar diligencias encaminadas a que la Fiscalía pueda entender criterios distintos al tema legal que deben ser tomados en cuenta para un análisis completo de la situación. Los criterios que busca entregar son de tipo epidemiológico, de contratación pública, de bioética, otra interpretación posible de la terminación unilateral, ya que si era posible, indica la defensa, la terminación por mutuo acuerdo.Para este jueves están previstas doce diligencias en la Fiscalía y además, a las 15:00, en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el reconocimiento de firma y rúbrica en la denuncia que colocó, el lunes último, en calidad de acusador particular César Montúfar, excandidato presidencial y excandidato a la Alcaldía de Quito, contra del alcalde Yunda y el exsecretario de Salud, Lenín Mantilla.Para Montúfar, Yunda es coautor del delito investigado y debido a ello pidió al juez Jhaya no solo que lo llame a juicio, sino que también le sustituya la presentación periódica por prisión preventiva. (I)

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