La provincia de Pichincha podría pasar de ocho a nueve cantones. Los actuales son Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Quito, Rumiñahui y San Miguel de los Bancos.
Sin embargo, la Junta Cívica Procantonización del Valle del Ilaló propone la creación de uno nuevo y argumenta sus razones.
Juan Fernando Serrano, su presidente, sostuvo que la junta cívica es una organización social que busca la creación de un nuevo cantón con la participación de nueve parroquias del valle de Tumbaco: Nayón, Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Yaruquí, Tababela, Checa y El Quinche.
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Adujo que plantean separarse por varias razones. Según él, hay un olvido hacia ellos. Señaló que son el polo de desarrollo más importante del Distrito Metropolitano, con 250.000 habitantes, y buscan descentralizar Quito a fin de que pueda ser atendida debidamente.
Mencionó que plantean tener autonomía administrativa, financiera y territorial.
El camino hacia la cantonización
El proyecto, reveló, se ha presentado a dos presidentes de la República, pues es quien debe impulsar la cantonización.
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El proceso requiere una votación mediante un referéndum en el que participarían los habitantes de las nueve parroquias. Indicó que, dentro de este proceso, se necesita un informe favorable del Gobierno de Pichincha y de la Secretaría de Planificación. Si el sí gana, un proyecto de ley tiene que ser remitido por quien ejerza la Presidencia de la República a la Asamblea Nacional.
De aprobarse, habría un alcalde y concejales, aunque el nombre definitivo no se ha establecido. Sin embargo, como junta cívica, su propuesta es cantón Ilaló o Tumbaco.
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Argumentos y expectativas del nuevo cantón
“Ya hemos esperado más de 20 años, porque esto ha sido una degradación de territorio; la ciudad no se abastece y es una tramitología tremenda”, opinó.
Agregó que hay una administración zonal, cuyo trabajo no llena sus expectativas.
Prefieren, justificó, comenzar desde cero, bien planificados con un municipio digital, muy pocas personas en la nómina e incluir la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad): 70 % de inversión, 30 % en administración.
Impacto financiero y territorial
Desde el 1 de junio, las prefecturas y municipios deberán cumplir con la regla mínima de destinar el 70 % de sus recursos en obra pública y el 30 % para gasto corriente. De lo contrario, el Ministerio de Economía y Finanzas aplicará medidas correctivas.
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Según Serrano, si bien el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito, ubicado en Tababela, tiene un contrato con el Distrito Metropolitano que será respetado, el predio pasaría al nuevo cantón.
Destacó que hay una nueva zona industrial de alto impacto en la vía E-35 y una zona franca.
La visión ciudadana sobre la capital
El dos veces alcalde de Quito Paco Moncayo ha manifestado que el problema de la capital es estructural.
La clave para manejar una ciudad de 3 millones de habitantes es organizar bien el territorio, expresó. Ha propuesto que haya un alcalde metropolitano preocupado por los temas metropolitanos, pero que existan alcaldes menores centrados en los aspectos municipales en cada una de las diez administraciones zonales.
Según Moncayo, alcalde entre 2000 y 2009, en su gestión las administraciones zonales funcionaban como alcaldías menores y hubo traspaso de competencias.
Para Daniela Chacón, coordinadora de Quito Cómo Vamos, una iniciativa que analiza la calidad de vida en la capital, hay que crear más administraciones zonales para que los territorios de cobertura sean más pequeños y la gobernanza más cercana.
Pero, precisó, se requiere una transformación real de las competencias para que exista una designación de los administradores zonales con apoyo de la población, así como un desarrollo más claro de competencias que les permita tomar las decisiones sobre temas de carácter zonal y se resuelvan directamente en el territorio.
La única forma en que se hace un cambio de esta naturaleza es aprobando una constitución para la ciudad o el Estatuto Autonómico de Quito, opinó.
En esa normativa, explicó, se establecerá cuál es el modelo político, cuáles son las competencias, cuáles son las temáticas, cómo es la forma de selección y de designación.
Con impuestos prediales y otros, sostuvo Serrano, generarían unos $ 24 millones anuales; y con asignaciones estatales, su presupuesto podría llegar a alrededor de $ 65 millones.
Los límites del nuevo cantón serían el Distrito Metropolitano de Quito, Cayambe, Quijos y El Chaco. (I)
