El caso de Dayanna Lara, una exoperadora del Metro de Quito, ha generado polémica luego de que denunciara haber sido despedida en diciembre de 2024. Ella lo considera como injusto.
Lara, quien era parte del grupo de mujeres conductoras del sistema de transporte subterráneo, asegura que su desvinculación se dio bajo circunstancias irregulares tras una prueba de alcoholemia que, según ella, tuvo resultados inconsistentes.
En estos sectores se ubicarían las nuevas estaciones con la extensión del Metro de Quito
Por su parte, la Empresa Operadora Metro Medellín Transdev (Eommt) defiende su decisión argumentando que cumplieron con protocolos de seguridad y su política de tolerancia cero al alcohol y drogas.
Publicidad
Según el testimonio de Lara, aquel día su turno de trabajo iniciaba a las 16:55 en la estación Labrador, ubicada en el norte de Quito, y culminaba al cierre de la operación comercial.
Sin embargo, antes de ingresar a su jornada, obtuvo un permiso especial para participar en un campeonato interno de 40, un juego tradicional ecuatoriano, en las oficinas de la empresa junto a personal de gerencia y administración.
¿Por qué saltó una persona al túnel del Metro de Quito?
Después de la actividad, regresó a su domicilio, se cambió de ropa y cenó antes de dirigirse al Labrador, donde ingresó a las 20:45.
Publicidad
Afirmó que al llegar pasó por el tocador, como era su costumbre, para cepillarse los dientes y usar enjuague bucal. Posteriormente, bajó al andén y, sin realizar la prueba de alcohol correspondiente por decisión de su superior, abordó la unidad con la supervisión de un coordinador de operaciones de trenes, de acuerdo a su testimonio.
Al llegar a la estación Quitumbe, en el extremo sur de la ciudad, el supervisor le indicó que debía someterse a la prueba de alcoholemia. Para su sorpresa, la prueba arrojó un resultado positivo.
Publicidad
Según su relato, el supervisor le solicitó repetir la prueba sin esperar el tiempo reglamentario de 10 a 15 minutos, obteniendo tres resultados distintos en tres intentos consecutivos.
Ante la duda sobre la fiabilidad del equipo, solicitó utilizar otro dispositivo para confirmar el resultado, pero su petición fue negada. Tampoco le permitieron salir a realizarse una prueba de sangre en un laboratorio externo.
Lara sostuvo que nunca consumió alcohol antes ni después de su participación en el campeonato y que tiene testigos que pueden respaldarlo. No obstante, algunos compañeros afirmaron que tenía aliento alcohólico e incluso firmaron como testigos de esta afirmación.
Tras el incidente, la operadora fue apartada de sus funciones y se le indicó que debía firmar un documento en el que reconocía el resultado de la prueba.
Publicidad
“Si no lo hacía, se convertiría en una falta grave y podría ser causal de despido”, relató. Sin otra opción, firmó y permaneció inactiva hasta el final de su turno.
Al día siguiente, contactó a una abogada y se sometió a un examen toxicológico en una clínica especializada, cuyo resultado fue negativo. La prueba, válida hasta 24 horas después del supuesto consumo de alcohol, demostraba que no tenía rastros en su organismo.
Días después, fue citada a una reunión con la empresa en la que presentó su prueba negativa y destacó que en dos años de trabajo no había recibido sanciones ni llamados de atención.
La estación Iñaquito del Metro de Quito atrae a vendedores por el movimiento diario de pasajeros
Sin embargo, la compañía le propuso dos opciones: presentar su renuncia o enfrentar un proceso de visto bueno. Lara optó por el proceso legal para que un inspector de trabajo analice la situación y tomara una decisión conforme a la ley.
No obstante, la empresa decidió despedirla de manera intempestiva. Según la exoperadora, un inspector de trabajo determinó que hubo irregularidades en el procedimiento y que la compañía debió haber permitido una prueba de sangre inmediata para confirmar el resultado.
Pese a ello, debido al tipo de contrato y las políticas de la empresa, Lara no tuvo derecho a exigir su reincorporación ni recibir apoyo legal para impugnar la decisión. “Nadie está seguro en su trabajo. Un día pueden decirte ‘gracias’ y no habrá nada que hacer”, lamentó.
Tras su salida, Lara acudió al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para solicitar el bono de desempleo, pero le informaron que lo había perdido porque estaba registrada con un RUC como trabajadora independiente.
Desde entonces, ha estado sin empleo y usando su liquidación para pagar su educación y otros gastos. “Solo quiero volver a operar los trenes, transportar sueños y sonrisas. Me preparé y estudié mucho para servir a mi ciudad”, expresó con tristeza.
La Empresa Operadora Metro Medellín Transdev (Eommt), responsable de la operación del Metro de Quito, emitió un comunicado en el que justificó su decisión. Según la entidad, “en cumplimiento de normativas internacionales de seguridad en la operación y nuestro Reglamento Interno de Trabajo, se aplica una política de Tolerancia Cero al consumo de alcohol y drogas”.
Asimismo, recalcaron que el protocolo establece que cualquier resultado positivo en una prueba de alcoholemia es motivo de medidas disciplinarias.
“Todos nuestros colaboradores están informados sobre las normas y consecuencias en caso de incumplimiento. La seguridad de nuestros pasajeros y la integridad de la operación son nuestra prioridad”, agregó la empresa en su comunicado.
Sin embargo, no respondieron directamente a las denuncias sobre las inconsistencias en la prueba ni a la negativa de permitir una confirmación mediante una prueba de sangre.
Mal uso de las puertas del Metro de Quito causa demoras en recorridos de los trenes
La compañía tampoco aclaró por qué se optó por la terminación unilateral del contrato en lugar de agotar los mecanismos internos de revisión.
Expertos en derecho laboral han señalado que, si bien las empresas tienen la facultad de terminar contratos de manera unilateral, también deben garantizar que los procedimientos internos sean claros, justos y respeten los derechos de los trabajadores.
Además, recalcaron que en situaciones donde una prueba arroja resultados contradictorios, la validación con un examen clínico podría ser un estándar que evite posibles injusticias.
¿El Metro influyó en la variación de los alquileres en Quito?
Por el momento, Lara continúa en la búsqueda de empleo y considera la posibilidad de emprender acciones legales para reivindicar su caso. “Confío en que la justicia existe”, concluyó. (I)
