En un operativo conjunto entre la Agencia Metropolitana de Control (AMC), la Policía Nacional y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) se clausuró un supuesto centro de rehabilitación de adicciones que operaba en la zona de Catzuquí de Velasco, en el norte de Quito.
En su interior se encontraban 28 adultos y 3 menores de edad. La intervención se realizó tras una alerta del ECU911.
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Según los testimonios de los internos, ellos habrían sido víctimas de maltratos y vivían en un ambiente de hacinamiento, con alimentación inadecuada y sin condiciones mínimas de salubridad.
Durante la inspección, los agentes encontraron alimentos en estado insalubre, incluyendo vísceras de bovino y otros restos animales expuestos sobre una mesa de madera.
Además de las irregularidades sanitarias, la Policía Nacional halló en el lugar alrededor de 24 kilogramos de marihuana y seis bloques de cocaína, se indicó en un comunicado de la AMC.
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Siete personas fueron detenidas por el presunto delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.
“Estos centros clandestinos no solo incumplen la normativa, sino que ponen en peligro a las personas que buscan rehabilitación. Desde la AMC reforzamos los operativos para detectar y clausurar estos centros irregulares en coordinación con Acess, que es la entidad competente en estos casos”, señaló Ángelo Poma, líder zonal de la AMC, en La Delicia.
En cuanto a la situación de los afectados, la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) entregó a dos menores de edad a sus familiares, mientras que Acess trasladó a los adultos al Hospital Enrique Garcés para su evaluación médica.
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Durante 2024, la AMC inició diecinueve procesos sancionatorios contra centros de rehabilitación clandestinos, de los cuales diez fueron clausurados por representar un riesgo para la seguridad y salud de los internos.
En lo que va de 2025, ya se han abierto tres nuevos procedimientos, resultando en la clausura de dos centros más.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de establecimientos ilegales y garantizar que las personas que requieran tratamiento de rehabilitación lo reciban en condiciones adecuadas y con supervisión profesional. (I)
