Luego de que el tribunal declarara culpables a 16 militares por la desaparición forzada de los cuatro chicos de las Malvinas, las familias de las víctimas y sus abogados están a la espera de ser notificados con la sentencia por escrito.
Abraham Aguirre, del Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH), anticipó que es previsible que las defensas de los uniformados presenten recursos de apelación una vez que se conozca oficialmente el fallo. “Es un escenario esperado dentro del proceso”, indicó.
Aguirre recordó que de manera paralela existe una garantía jurisdiccional por habeas corpus, cuyo recurso fue admitido por la Sala Especializada de lo Penal de Guayaquil, instancia que negó la sentencia de primer nivel.
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Sobre este trámite, explicó que actualmente están a la espera de que la Corte Constitucional emita una resolución definitiva.
El representante del CDH también informó que se mantiene abierta una investigación previa por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte, relacionada con este caso.
No obstante, cuestionó la falta de avances por parte de la Fiscalía.
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“Realmente el proceso está muy lento. Estaremos presentando una queja formal ante la Fiscalía, en virtud de que tenemos aproximadamente un año y todavía ese caso no se ha movido absolutamente nada para determinar la existencia de quién o quiénes serían los autores de la muerte de los cuatro niños de las Malvinas”, sostuvo Aguirre.
Explicó que, en el marco de esta nueva investigación, si se llegara a determinar algún grado de participación de los militares, podrían enfrentarse a penas de hasta 40 años de prisión.
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Precisó que las condenas pueden acumularse, pero sin superar el límite máximo que establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“Si se comprueba que tendrían algún grado de participación, podría imponérseles una pena de hasta 40 años, esto sumado a los 34 años y ocho meses. Es decir, se agregaría el tiempo restante para que cumplan 40 años. No podrían tener una pena mayor porque la ley establece ese tope”, explicó.
Durante la audiencia realizada este lunes, 22 de diciembre, el tribunal resolvió el caso por la desaparición forzada de los cuatro chicos de las Malvinas.
A las 10:14, los jueces declararon culpables a los 16 procesados de la patrulla militar, encabezada por John Z., jefe del operativo, y establecieron penas diferenciadas.
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Acogiendo el pedido de la Fiscalía, se impuso una sentencia de 30 meses de privación de libertad a cinco militares que se acogieron a la cooperación eficaz.
Para los otros once procesados, el tribunal dictó una condena de 34 años y ocho meses de prisión.
Además de una multa de 800 salarios básicos unificados, el pago de una reparación integral de $ 10.000 por cada procesado a favor de las víctimas, la presentación de disculpas públicas a través de un medio de comunicación y la realización de una ceremonia de desagravio en la base aérea de Taura, que incluirá la colocación de una placa.
El tribunal ratificó el estado de inocencia de Juan Francisco I. y dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares que existían en su contra. (I)
