Cerca de seis horas le tomó al fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, el lunes último, dar a conocer al juez de la causa los elementos de convicción que mantenía para emitir dictámenes acusatorios contra diez de los catorce procesados por el delito de peculado que habría ocurrido en la Secretaría de Salud del Municipio de Quito en la compra de 100.000 pruebas PCR para detectar COVID-19.