Unos 200 vehículos de micromovilidad se han registrado en Cotacachi, provincia de Imbabura. Esto ocurrió después de que el cantón emitiera una normativa para su regulación.
En abril de 2025 se publicó en el Registro Oficial la ordenanza municipal que reglamenta el uso del espacio público y la ocupación de la vía pública.
Jomar Cevallos, alcalde de Cotacachi, señaló que lo que les motivó a emitir esa normativa local fue frenar inconvenientes existentes debido a que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) no ha podido regular el sistema de la micromovilidad eléctrica, como scooters, motos eléctricas, patines, coches y otros aparatos.
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A su criterio, esos vehículos violaban las leyes de tránsito, dado que sus conductores no usaban casco, se producían accidentes, cruzaban parques o se subían a las veredas. Además, se movilizaban en contravía y no respetaban los semáforos.
El funcionario sostuvo que con el objetivo de ser un cantón de turismo seguro se optó por esa alternativa, lo que los convirtió en una de las ciudades pioneras.
Acerca de la normativa, Cevallos señaló que todo propietario debe registrarse en la comisaría municipal de manera gratuita y respetar las señales de tránsito.
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Se les da un código QR para monitorear y, en caso de robo, determinar al propietario.
Lo principal, adujo, es la seguridad y la salud de la gente y que, cuando haya un accidente, se reduzcan los gastos, por ejemplo, con la utilización de cascos.
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Hubo una socialización de entre tres y cuatro meses, tiempo en el cual se advirtió que habría sanciones.
Con ello, la normativa local se está aplicando. A los conductores que irrespetan la norma se los lleva por dos ocasiones a la comisaría municipal como una forma de aviso y después se aplican sanciones, como por no usar casco.
Cifras municipales establecen que unos 200 vehículos de micromovilidad eléctrica se han registrado y se han producido alrededor de 50 sanciones. Hay infracciones leves, graves y muy graves con multas de entre el 15 % y el 50 % de un salario básico unificado.
Este tipo de vehículos, precisó, se suelen utilizar para dejar a los niños en las instituciones educativas y a veces hay tres o cuatro personas en una misma moto eléctrica o motoneta.
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Aclaró que la competencia de los municipios es el uso del suelo y de las vías y es lo que se ha aplicado. Añadió que no hay injerencia en la Ley de Tránsito, como la retirada de licencias.
Indicó que cuando exista normativa general sobre este tipo de vehículos se actualizará, porque ya se incluirían aspectos como matrículas, qué tipo de licencias o de los cursos que se requieren.
Cevallos sostuvo que muy poca gente ahora transita sin casco e incluso se han hecho estacionamientos para vehículos de micromovilidad.
La visión de otros municipios y recomendaciones
Para Cristóbal Buendía, presidente del Observatorio Ciudadano de Movilidad, algunos municipios no han tomado cartas en el asunto porque el número de vehículos livianos es poco y no les dan relevancia.
Agregó que el cabildo quiteño, por ejemplo, lleva trabajando en una ordenanza de movilidad alternativa o no motorizada desde hace cuatro años, desde la administración municipal anterior, y la Comisión de Movilidad, a su parecer, no le ha otorgado la prioridad suficiente.
Además, manifestó que no existe ni reglamentación ni registro, es decir, no se conoce realmente cuántas personas o cuántos vehículos de este tipo están circulando por las ciudades.
Se desconoce además quiénes son las personas que mantienen la titularidad o la propiedad de estos vehículos para que, en el caso de que exista algún tipo de inconveniente, exista una trazabilidad.
Buendía expuso que la competencia de los municipios les permite regular, planificar y controlar todo lo relacionado con el tránsito y el transporte en sus jurisdicciones.
Añadió que si bien existe un reglamento de la Ley de Tránsito, este no contempla este tipo de movilidad, pero la ausencia de normativa no implica que los cabildos, por sus propias responsabilidades, no puedan emitirla y puso como ejemplo a Cotacachi.
Buendía sugirió que en las ordenanzas se incluyan aspectos de registro para determinar la utilización de estos vehículos.
Asimismo, al tener ya una cuantificación se puede generar una política pública vinculada a la regulación de este tipo de mecanismos de movilidad.
Que se determinen, por ejemplo, sus mecanismos de uso. Precisó que se refiere a ocupar o no ciclovías, si requieren o no matriculación anual o una revisión técnica vehicular.
Debería incluir adicionalmente el uso de mecanismos de seguridad, como cascos, puntualizó. (I)
