Dos hallazgos y responsabilidades encontró la Contraloría tras un examen especial a los procesos de adquisición de trolebuses eléctricos y el acuerdo entre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ), una dependencia del Municipio de Quito y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos proporcionados por Unops.
Desde marzo pasado empezaron a circular por las calles de la capital trolebuses 100 % eléctricos, aunque hubo cuestionamientos de algunos concejales como Andrés Campaña, quien en septiembre de 2024, solicitó un examen especial a la compra de los 60 automotores.
En un comunicado, la Contraloría sostuvo que esa acción de control enfocó su análisis en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2025.
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La entidad de control estableció hallazgos como que la adquisición de trolebuses se hizo sin acatar recomendaciones del Sercop ni condiciones del proyecto de inversión, omitiendo los procedimientos de contratación pública.
Argumentó que la adquisición de los trolebuses eléctricos no se efectuó mediante un proceso de subasta inversa, por tratarse de bienes normalizados y ajustarse a la normativa de contratación pública establecida en el proyecto de inversión, debido a que el alcalde Pabel Muñoz suscribió un memorando de entendimiento con Unops, con base en el cual, y sin una coordinación previa, el gerente de la Empresa de Pasajeros invitó a la Unops a presentar una propuesta y firmó un “memorándum de acuerdo” para la adquisición de trolebuses eléctricos, sin considerar lo establecido en el proyecto de inversión.
A pesar de conocer que la adquisición de los trolebuses se realizó a través de la Unops, el directorio de esa entidad municipal no solicitó al gerente las aclaraciones, ampliaciones o informes que permitan adoptar decisiones que aseguraran la conformidad del proceso con lo estipulado en el proyecto. Tampoco efectuó el seguimiento ni evaluación del Plan Operativo Anual aprobado, indicó.
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Las mesas de trabajo técnicas y operativas realizadas entre ambos equipos, antes de la suscripción del “memorándum de acuerdo”, no contaron con los respaldos documentales que evidencien cómo se establecieron los costos de implementación e indirectos pagados a la organización en función de los productos y plazos acordados, así como las condiciones económicas convenidas, añadió.
“Estas actuaciones ocasionaron un perjuicio de $ 2’552.307,83, correspondiente a los pagos realizados a la Unops por concepto de costos de implementación e indirectos, omitiendo los procedimientos de contratación pública, sin garantizar la concurrencia y los objetivos de legalidad, eficiencia, equidad en la contratación efectuada”, puntualizó.
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Además, para ese organismo los trolebuses eléctricos no cumplieron con las especificaciones técnicas del contrato, lo que originó que los vehículos no garanticen la seguridad íntegra y física de los usuarios.
Con justificación en los hallazgos identificados por el equipo de auditoría se han sugerido responsabilidades civiles o glosas por $ 2’552.307,83 y administrativas por $ 79.970,00.
Adicionalmente, se determinaron indicios de responsabilidad penal que serán remitidos a la Fiscalía para el trámite pertinente, agregó la Contraloría.
El Municipio de Quito no se ha pronunciado al respecto. (I)
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