Tras el pronunciamiento del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, los abogados defensores de las familias de los cuatro menores de Las Malvinas han cuestionado la forma en la que supuestamente se ofrecieron las disculpas públicas dispuestas por la jueza Tanya Loor Zambrano dentro de la acción de habeas corpus.
En cadena de televisión y horario estelar, el ministro emitió las disculpas públicas, pero cuestionó el haber sentenciado por escrito a las Fuerzas Armadas sin ningún proceso penal previo. Dijo que era un acto “totalmente absurdo e injusto”.
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“Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas, que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos”, señaló.
El Ministerio de Defensa debía ofrecer disculpas públicas en un plazo de diez días y lo debía hacer en cadena nacional, en un horario de máxima audiencia en televisión.
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Billy Navarrete, del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH), instancia que ha asesorado legalmente a las familias, rechazó esta “seudo disculpa pública” que presentó el Ministerio de Defensa.
Consideró que parecía un acto de represalia contra la jueza que calificó la desaparición forzada. “Nueva vuelta a la tuerca del espíritu de cuerpo que amenaza en ofensiva”, dijo.
Fernando Bastias, otro de los miembros de la CDH de Guayaquil, también cuestionó la naturaleza de las disculpas públicas que se emitieron la noche del lunes 6.
Recordó que la jueza cumplió lo que establece la ley, que es reconocer una desaparición forzada cuando hay indicios de participación de funcionarios públicos y una o varias personas privadas de libertad de manera ilegal.
Bastias, en una entrevista en el programa Primera plana, explicó que el habeas corpus con relación a una desaparición forzada lo que busca es reconocer fácticamente el hecho; no busca establecer, en esta instancia, responsabilidades penales ni individuales.
“Busca reconocer que una persona fue detenida e incomunicada por gente del Estado”, indicó.
El habeas corpus, dijo, se encuentra contemplado en la legislación ecuatoriana y el sistema interamericano de derechos humanos.
Bastias indicó que hubo un pronunciamiento del Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidades que recomendó investigar esto bajo los estándares de desaparición forzada.
“En los hechos, aquí había una desaparición forzada”, dijo Bastias, quien cuestionó que en ese pronunciamiento público se hayan emitido amenazas de una persecución política contra la jueza y las organizaciones sociales y de derechos humanos.
Loffredo consideró que la jueza no tenía capacidad ni facultad legal alguna para declarar la existencia de una desaparición forzada.
Citó, además, que el trámite de sanción administrativa dentro de la justicia militar también está en marcha y señaló que “no ha existido participación, ni directa ni indirecta”, por parte de la institución en acto alguno de desaparición forzada.
“Todo acto denunciado en donde pudiera haber existido algún tipo de participación de algún agente estatal del orden jamás quedará en la impunidad por acción u omisión del Gobierno nacional”, manifestó Loffredo, quien mencionó que se deberá investigar el uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política.
“Las Fuerzas Armadas no permiten ni oportunismos ni intimidación, más aún en medio de un conflicto armado interno. Hemos recibido a un país tomado por la narcodelincuencia y son las fuerzas del orden las que están trabajando y sacrificando su vida para devolverles la paz y la seguridad a los ecuatorianos”, puntualizó el ministro de Defensa. (I)
