En un radio de 100 metros alrededor de los recintos electorales no habrá comercio informal con el objetivo de garantizar la seguridad de los votantes, evitar aglomeraciones y mantener libres las rutas de acceso y evacuación.
Aquel es uno de los objetivos del protocolo de seguridad para el control exterior de los recintos electorales en 2025. Este fue firmado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).
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El impedimento de estar cerca de los recintos electorales se basa en varias normativas como la del Código Orgánico de Organizaciones Territoriales, Autonomía y Descentralización (Cootad), pues la responsabilidad de controlar el comercio en las ciudades corresponde a las alcaldías.
La AME informó que esta medida se implementará en todos los recintos electorales del país y se activará desde dos horas antes de que abran los recintos hasta que el material electoral sea retirado.
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El sufragio arrancará a las 07:00 y terminará a las 17:00 de este domingo, 9 de febrero.
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Desde las 05:00 se activará un operativo para mantener despejadas las entradas y rutas de evacuación. Se permitirá el paso libre de vehículos de emergencia, como ambulancias o vehículos de seguridad.
Los gobiernos locales identificarán a los comerciantes ambulantes y coordinarán operativos con la Policía Nacional.
Si se detecta la venta de alcohol —a pesar de que está vigente la ley seca— o sustancias ilegales, la Policía impondrá sanciones.
La ley seca o impedimento de consumir bebidas alcohólicas comenzó este viernes, 7 de febrero, al mediodía y terminará el lunes 10.
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Para la AME, el protocolo evitará desórdenes y permitirá que el voto sea más seguro, reducirá los riesgos en caso de emergencias, protegerá a los votantes, funcionarios y autoridades del proceso electoral.
Las instituciones encargadas de hacer cumplir el convenio serán los cuerpos de control municipales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que liderarán los operativos, la Policía Nacional supervisará la seguridad y podrá detener a los infractores, mientras que las delegaciones provinciales electorales verificarán el cumplimiento del protocolo. (I)