La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este martes, 14 de enero, un comunicado sobre su preocupación ante una “persistente violencia en las cárceles de Ecuador”, y exhortó al Estado a adoptar medidas inmediatas para proteger la vida e integridad de las personas bajo custodia.

En su comunicado, la CIDH destacó que, entre el 1 de enero de 2020 y el 4 de diciembre de 2024, al menos 591 personas privadas de libertad han fallecido debido a hechos de violencia intracarcelaria, además de registrarse cientos de heridos, incluidos agentes penitenciarios.

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Aunque las cifras muestran una disminución en comparación con los años más críticos, 2021 y 2022, la comisión advirtió que la problemática sigue siendo alarmante.

Los incidentes más recientes ocurrieron en el Centro de Privación de Libertad Guayas n.° 1, conocido como Penitenciaría del Litoral. El pasado 3 de diciembre, tres granadas explotaron en el comedor del centro, dejando al menos nueve personas detenidas, un guardia y un militar heridos.

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Días después, nuevos enfrentamientos provocaron la muerte de una persona y lesiones a siete más. Estos episodios se suman a los registrados en noviembre, donde al menos quince internos murieron y otros catorce resultaron heridos en el mismo centro penitenciario.

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La CIDH señaló que estas situaciones no son hechos aislados, sino una manifestación de los problemas estructurales que enfrenta el sistema penitenciario ecuatoriano.

Entre los factores que generan esta problemática, el organismo destacó la falta de control estatal en las cárceles, corrupción, los sistemas de autogobierno y la insuficiencia de personal de seguridad.

El informe también vinculó la violencia intracarcelaria con el fortalecimiento del crimen organizado en Ecuador. Las cárceles afectadas son dominadas por grupos delictivos que ejercen control dentro de los recintos, según lo documentado por la comisión en su informe sobre personas privadas de libertad en el país.

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El Gobierno ecuatoriano emitió el Decreto n.° 493, que declaró el estado de excepción en varias provincias. Sin embargo, la CIDH subrayó que las medidas de emergencia deben complementarse con políticas públicas de seguridad sostenibles y con un enfoque en derechos humanos.

En su llamado, la comisión recordó que el Estado tiene la obligación de prevenir la violencia en las cárceles, controlar el accionar de grupos delictivos y garantizar la seguridad de las personas bajo su custodia.

Además, instó a investigar con celeridad e imparcialidad los hechos de violencia, identificar a los responsables y sancionarlos.

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La CIDH también reiteró su disposición para colaborar con el Gobierno ecuatoriano a través de asistencia técnica en la implementación de políticas públicas que respondan a las recomendaciones formuladas en su informe sobre la situación penitenciaria en Ecuador.

Finalmente, la CIDH anunció que seguirá monitoreando la situación en las cárceles ecuatorianas mediante sus mecanismos de supervisión. (I)