La audiencia oral única de prueba y alegatos en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se realizará este lunes, 4 de marzo, a partir de las 10:30 en el edificio del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en el norte de Quito.
Inicialmente estuvo prevista para el jueves 22 de febrero, pero fue postergada.
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Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana, junto con la ciudadana Mónica Jaramillo interpusieron una medida de presunta infracción electoral en el TCE.
El argumento que presentaron los denunciantes fue que el alcalde, como servidor público, en el ejercicio de sus funciones no podía inducir al voto a favor de una tendencia política.
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Según Guarderas, Muñoz apareció en spots electorales en las redes sociales promoviendo obras para la ciudad junto con la entonces candidata a la Presidencia por Revolución Ciudadana (RC), Luisa González.
El TCE, por su parte, admitió a trámite la denuncia que tendrá su audiencia respectiva este lunes, 4 de marzo.
¿Quién es el funcionario que pidió la renuncia de Pabel Muñoz como alcalde de Quito?
Según el despacho del juez electoral Joaquín Viteri, quien sustancia la causa, en esa audiencia debe estar presente el perito Hugo Adriano Villa, sargento de la Policía, para que rinda su testimonio. Por este servidor policial se pospuso la anterior audiencia, pues tenía que cumplir con diligencias en Riobamba.
Guarderas, en rueda de prensa, pidió que el alcalde renuncie a su cargo. Ante esto, Pabel Muñoz respondió que “es una barbaridad”, que seguirá con su trabajo por la ciudad.
¿Qué sanción establece el Código de la Democracia por infracción electoral?
El Código de la Democracia establece en su artículo 278, numeral 3, que las infracciones electorales graves serán sancionadas con multas desde 11 ($ 5.060) hasta 20 salarios básicos unificados ($ 9.200), destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años, a aquellos servidores públicos que en ejercicio de sus funciones induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral o promuevan aportes económicos y jefes de campaña de las organizaciones políticas.
Según Muñoz, no ha violentado en ningún momento el marco electoral. (I)