El asambleísta por El Oro Jorge Álvarez Granda presentó una acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional, acusando al alcalde de Machala y otros municipios de la provincia de no acatar la normativa sobre la recaudación de la tasa de recolección de basura.
Esta acción legal busca corregir ‘irregularidades’ que, según Álvarez, vulneran el marco jurídico.
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La normativa en cuestión es la Disposición Transitoria Única de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada el 21 de junio de 2019.
Allí se establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) debían actualizar sus ordenanzas sobre la recaudación de esta tasa en un plazo de 180 días.
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Sin embargo, el Municipio de Machala no ha cumplido con este requerimiento, manteniendo la ayuda a través de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL-EP).
El asambleísta Jorge Álvarez aseguró que la falta de actualización de la ordenanza representa una omisión grave por parte del GAD de Machala.
Entre los documentos entregados para sustentar su demanda, presentó convenios y adendas entre CNEL-EP y la Empresa Municipal de Aseo de Machala (EMAM-EP), además de un reclamo ingresado en mayo de 2024, el cual, según él, nunca fue respondido.
“La ley es clara: sin una ordenanza que respalde esta recaudación no se puede cobrar a través de las planillas eléctricas. Esto es un tema de legalidad y de garantizar la transparencia en la gestión pública”, subrayó el legislador al detallar su postura.
El incumplimiento, según la denuncia, también afecta a otros alcaldes de la provincia de El Oro, quienes fueron señalados en esta acción legal.
La Corte Constitucional ahora tiene en sus manos la decisión de emitir un pronunciamiento que podría obligar a los GAD a regularizar esta situación.
El asambleísta Álvarez enfatizó en que su intención no es solo señalar las irregularidades, sino garantizar el respeto a la normativa vigente. Según él, esta acción busca corregir un vacío legal que podría generar confusión entre los ciudadanos sobre la legitimidad de los cobros.
La Corte Constitucional evaluará si el incumplimiento de esta normativa representa una vulneración al principio de legalidad. De ser favorable a la demanda, podrían establecerse plazos estrictos para que los municipios ajusten sus ordenanzas conforme a la ley.
Jorge Álvarez Granda fue electo asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC) tras su paso como concejal de Machala por dos periodos, y actualmente participa para su reelección a la Asamblea Nacional. (I)