El alcalde de Quito, Jorge Yunda, junto con otros trece procesados, enfrentará un juicio por el presunto delito de peculado en la compra supuestamente irregular de 100.000 pruebas para coronavirus.
Así lo resolvió el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya, durante la madrugada de este viernes 30 de abril.
Publicidad
La audiencia preparatoria de juicio contra catorce procesados, incluido el alcalde de Quito, por el delito de peculado, se realizó vía telemática durante cinco días. Y finalmente, en la madrugada del viernes, después de más de catorce horas, el juez resolvió llamar a juicio a todos los involucrados.
Según el artículo 278 del Código Penal, el delito de peculado se sanciona con prisión de diez a trece años.
Publicidad
En la misma audiencia, el juez negó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía General del Estado en contra del alcalde de Quito, por lo que se mantienen las medidas cautelares dictadas antes, como el uso de grillete electrónico y la presentación cada cuatro días.
“Es muy curioso que el juez en un periodo tan corto pudiera hacer una reflexión tan compleja en un caso con unas particularidades técnicas muy altas en lo jurídico y lo científico. Un caso en el que la misma Fiscalía le pidió, y también lo hicimos las defensas, que revisara expresamente varias piezas del expediente que tiene más de 40.000 folios”, dice Juan Pablo Albán, abogado del alcalde.
La Fiscalía, dentro del proceso, presentó más de 80 elementos de convicción para respaldar el dictamen acusatorio en contra del alcalde de Quito, doce funcionarios y exfuncionarios municipales y un empresario ligado a la firma Salumed S. A., con la que la Secretaría del Municipio de Quito contrató la compra de 100.000 pruebas para detectar coronavirus por $ 4,2 millones, a inicios de la pandemia.
“En lugar de las PCR Polimerasa había recibido pruebas de diagnóstico RT LAMP, cuya capacidad de detección del virus sería menor que la requerida en el contrato”, señaló la Fiscalía sobre la supuesta compra irregular.
El pasado lunes, el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, emitió dictámenes acusatorios contra catorce personas investigadas en esta causa. El alcalde de Quito está imputado en la causa como autor mediato, desde el 16 de febrero.
Albán dijo que en el pronunciamiento el juez, básicamente, transcribió lo que dijo la Fiscalía en su alegato de acusación y que es muy extraño porque Fiscalía lo leyó y luego era como volver a escuchar la misma lectura que hacía el juez en esta madrugada. Dijo que le recuerda mucho al juez Juan Paredes en el caso Chucky7, porque el doctor Jhayya llegó con una resolución escrita muy larga, muy detallada, con una transcripción literal de buena parte de lo que dijo la Fiscalía en un periodo de tiempo en el que ni siquiera alcanzaba a tipearla.
El abogado del alcalde sostuvo que le preocupa el hecho de que el juez no individualizó las razones por las que llama a juicio a cada uno de los catorce, sino que los llamó de manera colectiva y todo eso es absolutamente irregular.
Pedido de concejala
“Lo que me preocupa es que la atención que él (alcalde) viene teniendo hacia ese tema personal significa la desatención de la ciudad y eso se evidencia en altos cambios administrativos, en un desgobierno absoluto, él ni siquiera va al despacho. La ciudad está descuidada, desgobernada, con falta de credibilidad, con zozobra, con cambios administrativos”, comentó Luz Elena Coloma, concejala de Quito.
Según Coloma, el alcalde debe renunciar por el bien de Quito. Los procesos de remoción siguen su curso, eventualmente, en 25 días, que me parece que es el tiempo límite, llegará al Concejo, donde se tendrá que votar por la remoción o no del alcalde. (I)