Agentes de tránsito llevan retenidos tres días en comunidad de Imbabura; habitantes piden que se suspendan los operativos de control

Otavalo Cinco de seis funcionarios de la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movildenor) continúan retenidos por la comunidad en Chuchuquí Alto, en Otavalo (Imbabura). Ya son tres días, desde la noche del jueves último, que están en poder de los habitantes.Gabriela Carrillo, de 26 años, agente civil de tránsito y la única mujer en el grupo, fue sometida a la denominada justicia indígena, en medio de un interrogatorio y de la firma de un documento en el que se comprometió a no interponer una denuncia ante la justicia ordinaria. Ella fue entregada a sus familiares la tarde del viernes.El problema surgió tras la detención de un automotor particular que realizaba transporte informal en el sector, esto encendió los ánimos de la gente, que retuvo a los agentes, un funcionario y al vehículo. La comunidad califica a los operativos como actos de persecución premeditada.Un video muestra cuando el vehículo institucional al retornar a Ibarra, llevando el carro aprehendido, es alcanzado y bloqueado por varios automotores en la Panamericana, a la altura de Espejo. Ahí, con varios objetos los indígenas golpean la unidad de la empresa pública, exigiendo que bajen los ocupantes. Minutos más tarde son llevados a Chuchuquí.Marcelo Simbaña, gobernador de Imbabura, es la única autoridad que ha llegado, hasta el momento, a Chuchuquí, pero no logró la liberación de los cuatro agentes civiles de tránsito y del funcionario de Movildenor.Hay malestar en esta población indígena porque Armando Paillacho, alcalde de Huaca y presidente de la Mancomunidad de Tránsito del Norte, y Mario Conejo, alcalde de Otavalo, no llegaron al sector, como se esperaba, para dialogar con los comuneros en una fallida reunión programada para sábado 5.Tras varios cabildeos entre Simbaña y los dirigentes, la asamblea comunitaria decidió reanudar los diálogos este lunes 7, a partir de las 10:00, en el estadio del sector. De manera unánime, la población pidió la presencia de los burgomaestres de Huaca y Otavalo.Al inicio del suceso, hasta el lugar llegaron un concejal municipal y el coordinador de Movildenor, Steve Amores, con la finalidad de mediar, pero también fueron retenidos. Luego, solo liberaron al edil. Los comuneros a través de una transmisión en vivo que realizó radio Ilumán dijeron que los funcionarios no fueron secuestrados sino retenidos.Movildenor en un comunicado que emitió el viernes denunció que los comuneros de ese sector presuntamente secuestraron a funcionarios y bienes institucionales, y reprochó este hecho al que tildan de ilícito e inaceptable, que viola el orden público y transgrede los derechos civiles de sus funcionarios, afectando su integridad, se expuso.Los ejecutivos de Movildenor informaron que interpusieron la denuncia correspondiente en la Fiscalía para determinar responsables y sanciones, y pidieron la intervención de las autoridades policiales.Linda Calagudín, moradora de Chuchuquí Alto, acusó a los taxistas de denunciar a los informales a Movildenor y de haber colocado una trampa al conductor informal que fue sorprendido llevando una pasajera, algo que encendió el ambiente, más aún cuando aseguran estar cansados del maltrato y los altos costos que cobra el taxismo.Manuel Catucuago, presidente de la Federación de Comunidades Indígenas de Imbabura, quien intentó solucionar el impase, exhortó a los quince alcaldes de los cantones que son parte de la mancomunidad para que se termine la persecución y que los agentes se conviertan en educadores de la población.Catucuago confirmó que la retención se produjo porque un vehículo particular habría estado movilizando a una persona a cambio de dinero, a lo cual insistieron los pobladores en que se trató de una celada.Carrillo, para ser liberada, fue interrogada públicamente. Dijo que cumplían con su trabajo, que en ningún momento ingresaron a ninguna comunidad, que está bien de salud, pero agregó que fue golpeada con piedras y una llave de ruedas por comuneros.La resolución que fue firmada por la agente Gabriela Carrillo señala que para no vulnerar los derechos de la mujer se la deja en plena libertad y se la entrega a los familiares, previa valoración médica.Este sábado, Armando Paillacho, alcalde de Huaca y presidente de Movildenor, pidió la inmediata liberación de los funcionarios que están por más de 50 horas retenidos en contra de su voluntad. Ellos son Andrés Padilla, Óscar Sevillano, Marco Ramírez, Javier Velasco y Steve Amores.El burgomaestre pidió a las autoridades competentes intervenir de forma urgente ante este atropello, precautelando la vida e integridad de sus subalternos. Según Paillacho, se trata de un claro delito. Él dice que se pretende, con exigencias que violentan la ley, justificar la ilegalidad con acciones que calificó como repudiables y que rechazó rotundamente.Manuel Catacuago, presidente de la Federación de Comunidades Indígenas de Imbabura, denunció unas supuestas amenazas por parte de Juan Manuel Mantilla, quien aparentemente renunció a la gerencia de Movildenor, intimidación que habría complicado las negociaciones, se dijo. Pero esta versión la desmintió Mantilla en una improvisada rueda de prensa en Ibarra, en las últimas horas.Las comunidades indicaron que entre las resoluciones entregadas al representante del Ejecutivo constan: que Movildenor desista de la denuncia en contra de los dirigentes por el delito de secuestro.Además, que sean suspendidos los operativos de control de tránsito en las comunidades de Imbabura y la creación de mesas de trabajo desde el martes 8 con la participación de varias autoridades, en la Gobernación de Imbabura.Hasta que se den las reuniones se creó una comisión de seguridad con guardias que custodiarán hasta este lunes 7 a los cinco funcionarios, quienes fueron valorados por profesionales de la salud que llegaron desde Ibarra.Entretanto, familiares de los retenidos protagonizaron un plantón la tarde del sábado en la capital de Imbabura, exigiendo a las autoridades la pronta liberación de sus parientes.La noche del sábado hubo tensión en Chuchuquí ante un rumor sobre la posible presencia de militares y policías para rescatar a los funcionarios.Fueron movilizados árboles para bloquear los ingresos y a través de altoparlantes se convocó a comunas vecinas para que concurran hasta este sitio, ubicado en la parroquia Eugenio Espejo, en Otavalo.El gobernador Simbaña aclaró que buscan acelerar las mesas de encuentro y que no habrá ningún tipo de incursión uniformada a esta población. “Somos un gobierno de paz”, agregó el funcionario que asumió esta función el viernes 4. (I)

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