La intención del Gobierno de delegar a terceros la operación del campo Sacha aún no se concreta. El tema “está detenido” en el Ministerio de Economía y Finanzas, indica una fuente cercana al proceso, porque no concluye el informe fiscal que le corresponde, que es determinante para decidir si se delega o no el bloque 60 al consorcio conformado por Amodaimi Oil -subsidiaria de la petrolera estatal china Sinopec- y Petrolia Ecuador S. A. -filial de la canadiense New Stratus de Energy-.
Al 22 de enero ya se tenían listos varios informes y el Ministerio de Finanzas trabajaba en los análisis de riesgo, indicó el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, responsable del proceso de delegación. Y estimaba que en ese mes debía reunirse el Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas (COLH) -que él preside- para resolver si se aceptaba o no la propuesta del consorcio que se comprometió a entregar al Estado un pago anticipado de $ 1.500 millones.
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La oferta del consorcio es operar el bloque por 20 años, inyectar inversiones por más de $ 1.700 millones y aumentar la producción diaria de 75.000 barriles a 100.000 barriles.
Sacha, cuya operación se inició hace más de 50 años, alcanzó los 72.727 barriles diarios el 6 de febrero, equivalentes al 19,35 % de toda la producción diaria de Petroecuador que ese día sumó 375.836 barriles. Por su importante aporte, el campo es considerado “la joya de la corona” de la industria nacional.
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En 2024 la producción del bloque 60 registró 28,1 millones de barriles, que es el 7,1 % más que los 26,3 millones de barriles de crudo extraídos en 2023. A su vez, los resultados de 2023 fueron 8,1 % más que en 2022, según cifras de Petroecuador.
La puerta para la concesión del campo la abrió el Gobierno con la emisión del Acuerdo Ministerial 40, suscrito en noviembre de 2024 por la ministra de Energía y Minas encargada, Inés Manzano. Ahí se declaró la “excepcionalidad” de delegar el bloque a “empresas estatales o subsidiarias de estas” de países de la comunidad internacional, para la exploración y explotación adicional de hidrocarburos.
En el acuerdo se ordenó a Petroecuador devolver Sacha al Ministerio de Energía y Minas. Además, se citan varios informes económicos y legales que justifican la delegación.
Uno ellos expone que la petrolera estatal “presenta limitaciones en su presupuesto que no permite la asignación de mayores recursos para inversiones de exploración de estos bloques” y que para incrementar la producción de crudo “es necesario la inyección de nuevos capitales que permitan realizar inversiones requeridas para el efecto”.
Sindicatos se oponen a la concesión
La Asociación de Trabajadores de Petróleo y Energía (Antep) entregó el 6 de febrero a la Corte Constitucional (CC) una acción de incumplimiento, con una medida cautelar que busca detener el proceso que lleva adelante el Gobierno.
El sindicado aduce que existen irregularidades en los fundamentos legales del acuerdo firmado por la ministra Inés Manzano, pues se estaría basando en reformas de la Ley de Hidrocarburos que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte.
Por otro lado, la organización sostiene que la entrega del bloque generaría pérdidas para el Estado por más de $ 1.000 millones en los próximos 20 años. Y cuestiona que la delegación al consorcio sería “a dedo” y que las empresas no serían estatales, sino privadas.
Tanto la Antep como el Frente de Defensa Petrolera Ecuatoriana (FDPE) se oponen a la concesión de Sacha, pues consideran que terceros se quedarán con el activo más productivo del Estado y que es una desventaja para el país el contrato de participación, en el cual el consorcio se quedaría con el 20 % de la renta petrolera. Reclaman que el campo debe permanecer en dominio de Petroecuador y que el Gobierno destine más inversión para que la empresa estatal aumente la producción.
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Que el Gobierno inyecte más financiamiento a Petroecuador, para que mantenga la operación de Sacha y aumente el nivel de explotación de crudo es una idea sin un sustento sólido porque el fisco no posee los recursos necesarios y, además, pesa la mala reputación de la empresa pública, que por años se ha visto empañada por escándalos de corrupción, inestabilidad institucional -por la continua rotación en la gerencia general- y cuyos balances financieros se desconocen.
Así lo resumen los expertos en temas energéticos Nelson Baldeón y Jorge Luis Hidalgo, quienes señalan que la salida para levantar la débil producción petrolera nacional y aumentarla -no solo la de Sacha- es seguir ejemplos de otros países e ir por contratos de participación, en los que el Estado retenga la mayor parte de la renta y los operadores privados asuman el riesgo de las inversiones. Ambos analistas señalan que el tema con Sacha ya debió haberse definido.
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“¿Qué dinero hay para invertir en Petroecuador y cómo invierto en una empresa que no tiene balances? ¿Si no hay gobierno corporativo? Lo único que permite en este momento eficiencia son los contratos de participación. No lo digo yo, lo dice el mundo. Malasia, Guayana, Argentina, México, Venezuela, Arabia están con contratos de participación. Si se incrementa la producción, se gana más. Ese es el beneficio”, resalta Baldeón.
Respecto de la acción legal interpuesta por los sindicatos, opina que “no tiene fundamento” y “es imposible”, ya que el acuerdo ministerial no se contrapone a la Constitución. Se debería demostrar que el proceso de concesión viola principios constitucionales, agrega.
Hidalgo apunta que Petroecuador es una “empresa insostenible”, que si bien tiene “muy buenos técnicos” las cabezas han fallado y mucha gente “se ha aprovechado” de la entidad.
Por otro lado, dice que Ecuador tiene altas reservas petroleras -y de otros recursos naturales- que no están siendo aprovechadas y el escenario empeora por la resistencia a que privados se involucren más en la industria. “Más les duele que se lleve un privado y que gane plata a que sigamos perdiendo (producción); esa es la lógica de mucha gente”, reprocha.
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Ítalo Cedeño, exgerente general de Petroecuador, también considera que las condiciones de Petroecuador no son las óptimas. Para mejorar, y dejar de ser un botín político, la empresa debería transformarse a una sociedad anónima, como Ecopetrol S. A. (de Colombia) o Petrobras S. A. (de Brasil).
En ese sentido, indica que la empresa debería aplicar recomendaciones para su reestructuración, contratar una auditoría para sus estados financieros y tener balances certificados. (I)