Ecuador alcanzó los 404 puntos de riesgo país al 22 de abril de 2026. Es el puntaje más bajo registrado en once años, según datos del Banco Central. El indicador se ha mantenido estable, con tendencia a la baja.
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, atribuyó los resultados obtenidos a la confianza que inversionistas han depositado en el país, a través de financiamiento e inversiones.
“La confianza de los inversionistas internacionales hacia el Ecuador se refleja en una constante reducción del riesgo país”, remarcó Moya durante el evento de rendición de cuentas 2025 del Ministerio de Finanzas, realizado el jueves 23 de abril.
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La secretaria de Estado destacó que de enero a diciembre de 2025 el riesgo país se redujo en 694 puntos al descender de 1.186 unidades a 492 puntos al finalizar el año.
En los primeros meses de 2026 el indicador ha fluctuado por debajo de los 500 puntos básicos, mostrando un comportamiento estable frente a shocks externos como la guerra en Medio Oriente.
El riesgo país es elaborado por el banco estadounidense J. P. Morgan. Mide la probabilidad de que un país pueda cumplir con sus compromisos y obligaciones con inversionistas.
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El Banco Central además explica que es una medida del riesgo asociado a invertir o prestar dinero a un país específico.
Por eso, mientras más bajo sea el puntaje se percibe que un país tiene mejores condiciones.
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“Este resultado refleja una mejora sostenida en la percepción del riesgo sobre nuestro país y una valoración más favorable para Ecuador por parte de los mercados internacionales”, agregó Moya.
Solo en el mes en curso el índice ha disminuido 83 puntos. El resultado del 22 de abril coincidió con la decisión del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que concluyó la quinta revisión del programa económico con Ecuador y aprobó un nuevo desembolso inmediato de $ 394 millones para el país.
El acuerdo con el FMI está vigente desde mayo de 2024, con una duración de 48 meses. Inicialmente el programa comprendía financiamiento por $ 4.000 millones, en julio de 2025 el organismo multilateral aprobó incrementar $ 1.000 millones.
Con la última transferencia aprobada -que será la primera de 2026-, los desembolsos del organismo al país suman aproximadamente $ 3.700 millones.
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El financiamiento externo que recibió Ecuador en 2025, a través de diferentes fuentes, alcanzó los $ 4.916 millones. Casa adentro, el financiamiento interno mediante bonos de deuda interna sumó $ 6.473 millones.
Antes de que Daniel Noboa ganara las elecciones para el nuevo mandato el domingo 13 de abril del 2025, el riesgo país estaba en 1.908 puntos (el 10 de abril), de acuerdo con datos del Banco Central.
En enero de 2024 se ubicó en 2.039 unidades y en 2.016 puntos en noviembre de 2023, cuando Noboa asumió el mandato por primera vez.
Desde enero de 2015 el nivel más elevado que registró el riesgo país fue de 6.063 puntos, el 23 de marzo de 2020, durante la pandemia del coronavirus, según el BCE.
Ejecución presupuestaria de 2025 fue del 87,20 %
La ministra de Finanzas expuso que el presupuesto general del Estado (PGE) de 2025 se ejecutó de manera técnica y responsable, permitiendo sostener la prestación de servicios públicos, atender prioridades nacionales y administrar recursos en un marco de orden fiscal.
De acuerdo con las cifras oficiales, el presupuesto fiscal inicial fue de $ 40.961 millones, mientras que el codificado alcanzó los $ 40.080 millones, de los cuales se ejecutó el 87,20 % ($ 34.949 millones).
Aquello representa un “nivel positivo para la gestión pública, más aún considerando que en 2025 se realizaron las fusiones de las entidades”, describió Moya.
Alrededor de $ 22.325 millones se destinaron a gasto corriente, que sirvió para financiar, en gran parte, el funcionamiento de los servicios mediante el pago de remuneraciones a personal médico, docentes, policías y militares.
A nivel sectorial, el gabinete de desarrollo social (salud, educación y bonos sociales) concentró la mayor cantidad de recursos con $ 8.732 millones, seguido del de seguridad con $ 3.964 millones; universidades y escuelas politécnicas recibieron $ 1.339 millones.
En asignaciones a grupos especiales, el Estado pagó $ 117 millones por incentivo jubilar a 2.639 jubilados, principalmente docentes; $ 1.247 millones se repartieron a beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano; y $ 113 millones se transfirieron al sector del transporte para evitar incrementos en la tarifa del pasaje para los usuarios.
Respecto del pago de deudas históricas, el Gobierno desembolsó $ 5.965 millones a proveedores, $ 102 millones a dializadoras y $ 77 millones a Solca.
La ministra destacó que de esta manera se redujo el rezago en los pagos que se arrastraron desde administraciones pasadas.
Las transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ascendieron a $ 3.291 millones.
A los gobiernos provinciales se cancelaron $ 875 millones, 18 % más que en 2024; a los municipios, $ 2.206 millones (5 % más), y las parroquias recibieron $ 209 millones (5 % más).
La ministra Sariha Moya afirmó que lo entregado a todos los gobiernos seccionales fue superior a 2024. (I)
