Una “importante caída en los ingresos por impuestos”, así como un incremento de egresos y la Cuenta Única del Tesoro con uno de los “niveles más bajos históricos” son algunos de los datos que se registraron en el 2023, según la información compartida por el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, durante la rendición de cuentas, que realizó este martes 12 de marzo, de manera virtual.

Antes de empezar a comentar sobre las cifras, el ministro señaló que “este Gobierno asumió el 23 de noviembre del 2023. Entonces, la mayoría de temas competen al Gobierno anterior, que estuvo en funciones hasta el 22 de noviembre”.

Vega indicó que el crecimiento económico de la proforma del 2023 estaba planificado para 3,1 % de crecimiento en el producto interno bruto (PIB) y la realidad fue realmente del 0,4 %, por lo que el PIB nominal solamente subió de $ 116 millones a $119 millones nominales, aunque se habían previsto $ 122 millones.

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Con respecto a la inflación promedio para el año, es decir, el incremento de precios, la estimación fue de 2,8 %, pero fue 2,2 %.

Sobre las importaciones no petroleras (bienes de consumo, materias primas, bienes de capital y otros bienes) dijo que se estimaban $ 24,3 millones, sin embargo, la cifra real fue de $ 22 millones. En este punto el ministro resaltó la “caída importante en la importación de materias primas”, cuyo resultado observado en el 2022 fue de $ 10,6 millones, en la proforma para el 2023 era de $ 11,9 millones y el resultado real fue de $ 9,3 millones.

Otro punto que destacó el ministro fue el volumen de producción fiscalizada del petróleo, pues en la proforma se tenía de 187,9 millones de barriles y realmente la producción fiscalizada fue “apenas” de 169,24 millones de barriles.

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El ministro también mencionó sobre cómo recibieron las finanzas públicas de la administración anterior. “Con apenas $ 184 millones en la Cuenta Única del Tesoro, uno de los niveles más bajos históricos, y lo más complejo con muy pocas fuentes de ingresos para cubrir el gran nivel de retrasos que alcanzaba los $ 4,6 millones con la seguridad social, gobiernos autónomos descentralizados, entidades del sector público y proveedores, y, por otro lado, tampoco alternativas de financiamiento para cubrir ese desfase tan grande de una caja fiscal en niveles tan bajos y atrasos con niveles tan altos...”, señaló.

Asimismo, indicó que la proyección del resultado fiscal del presupuesto para el 2023 superaba en ese momento los $ 5.000 millones, lo que equivale aproximadamente el 5 % del PIB. También dijo que a septiembre del 2023 el saldo de la deuda pública y otras obligaciones del sector público no financiero consolidado estaba en niveles de $ 59,8 millones, es decir, el 49,53 % en relación al PIB.

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El ministro también dijo que en el 2023 hubo una “importante caída en los ingresos por impuestos”, de $ 15.225 millones del 2022, al año siguiente se redujo a $ 14.289 millones, y que esto se debe “una gran parte por la reversión de la reforma tributaria que fue hecha al principio del Gobierno anterior y que luego se la dio de baja en el 2023 y afectó importantemente a la recaudación fiscal del 2023″, lo que al final tuvo una repercusión en los ingresos totales, de $ 29.949 millones en el 2022 a una caída de $ 25.511 millones.

Con relación a los egresos, según las cifras indicadas por el ministro, para el 2023 se incrementó a $ 30.875 millones, en tanto que en el 2022 fue de $ 29.092 millones. “Cabe recalcar, la gran cantidad de atrasos que quedaron pendientes a finales de noviembre del 2023 arrastramos también en el 2024″, dijo.

Sobre los montos transferidos en el 2023 a los gobiernos autónomos descentralizados, el funcionario comentó que fueron $ 2.639 millones por modelo de equidad territorial y adicionalmente a nivel provincial y municipal, entre los dos, $ 41,5 millones por devolución del impuesto al valor agregado (IVA).

Con respecto a los montos transferidos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el ministro indicó que fue de $ 1.184 millones; al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), $ 371,7 millones; y al Instituto de Seguridad Social de la Policía, $ 162,2 millones. (I)

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