Pros y contras de la ley de inversiones, que llega a la recta final en la Asamblea Nacional

Captar $ 30.000 millones en inversión como es la meta del Gobierno y enganchar a inversionistas en una región en la que muchos países están girando hacia la izquierda mientras que ellos, según analistas económicos, buscan lo contrario son criterios que se miden a los cuestionamientos que surgen desde sectores políticos y productivos en esta recta final del debate del proyecto de Ley de Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital.

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Este proyecto de ley entra a su segundo y definitivo debate. La votación se haría el jueves 24 de marzo.

El informe para segundo debate tiene más de 260 artículos, en los que se reforman 18 normativas.

Entre los puntos que se destacan están las alianzas público-privadas para desarrollar áreas de interés para el país, pero que el Estado no tiene los recursos para hacerlo.

Pero parte de la discusión de este proyecto se ha concentrado en los candados que se necesitan para que se evite que el esquema propuesto de alianzas público-privadas privatice.

Asociaciones público-privadas

• Se definen como una modalidad contractual de gestión delegada de largo plazo entre una entidad del sector público y un sujeto de derecho privado, para el desarrollo y gestión de un activo público, un servicio público o sectores estratégicos. El gestor privado asume riesgos y responsabilidades significativos durante la vigencia del contrato, y la contraprestación está ligada al desempeño respecto del nivel de servicio y disponibilidad de la infraestructura existente o nueva.
• Se prohíbe en esta modalidad privatizar o enajenar activos o infraestructura pública o estatal, nueva o existente.
• Y se incluye un artículo de excepcionalidad: la delegación de los sectores estratégicos o servicios públicos es excepcional, es decir, cuando de manera justificada no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas o cuando la ley del sector no la haya determinado de modo general, le corresponderá al presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo, dicha calificación mediante decreto ejecutivo.
• También lo podrán hacer los Gobiernos autónomos descentralizados “cuando las normas jurídicas locales no lo hayan determinado de modo general, le corresponderá a su máxima autoridad administrativa dicha calificación”.
• Además se elimina la posibilidad de establecer cláusulas de confidencialidad en los contratos de estas alianzas que estaban en el proyecto original enviado por el Ejecutivo.

Zonas francas

• Las zonas francas uniempresariales y multiempresariales se destacan en el proyecto, pues durarían como mínimo 20 años.
• Los sujetos pasivos que sean administradores u operadores de zonas francas o zonas especiales de desarrollo económico (ZEDE), creadas al amparo del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, estarán exonerados del pago del impuesto a la renta por los primeros diez años, contados a partir del siguiente ejercicio fiscal a aquel en el que ocurra su otorgamiento.
• Una vez finalizado ese periodo de la exoneración, los administradores u operadores gozarán de una reducción de 10 % respecto de la tarifa del impuesto a la renta corporativo vigente al momento del otorgamiento, por el resto de la duración de la autorización de zona franca o ZEDE. En caso de prórroga, dicho descuento podrá ser prorrogado, mas no existirá nueva exoneración.

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Seguros y mercado de valores

• Otro punto del proyecto pasa el sector de seguros a la Superintendencia de Bancos como parte de un nuevo esquema de control institucional a los sectores de seguros y financiero.
• En cuanto al tema del mercado de valores también se ofrecen reformas, pero estas no contentan a la Bolsa de Valores de Guayaquil, la Bolsa de Valores de Quito y la Asociación de Casas de Valores (Asocaval), que proponen reformas a los artículos 162 y 154 del proyecto, pues no consideran las modificaciones expuestas en sus participaciones ante la Comisión, especialmente la participación del sector público en el mercado de valores.
• Aseguran que separar la negociación de valores del sector público de los del sector privado significa crear mercados paralelos que no favorecen a la transparencia ni a la formación de precios en un mercado en crecimiento.

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Actividad audiovisual

• Otro de los puntos de los que ha hablado es del título III del sector audiovisual, que en el artículo 79 indica que “como parte de la transformación digital y fomento a la inversión, se establece como sector prioritario a la actividad audiovisual, incluyendo el desarrollo, preproducción, producción, posproducción y distribución de contenidos audiovisuales”.
• Además se crea un Certificado de Inversión Audiovisual (CIA) que será emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a favor de las productoras nacionales y extranjeras hasta por el 37 % “de los costos y gastos que incurran en el Ecuador en servicios audiovisuales y logísticos necesarios siempre que se encuentren soportados en comprobantes de venta válidos y previa suscripción del contrato de filmación celebrado con el Ministerio de Cultura”.
• Será un título valor que podrá ser utilizado como crédito tributario para el pago del impuesto a la renta. Y el ingreso por la transferencia del certificado obtenido por una persona natural o jurídica nacional o extranjera no será gravable ni sujeto a retención en la fuente del impuesto a la renta.
• Personalidades del sector audiovisual han visto con buenos ojos este tema de los incentivos y creen que sería una buena opción para que productores de otros países puedan ver a Ecuador como un punto de filmación, como lo hacen desde hace años con Colombia.

Según el Gobierno nacional, si se aprueba la ley se podría trabajar para atraer alrededor de $ 30.000 millones en inversión hasta 2025.

El analista económico Jorge Calderón indica que el tener más garantías jurídicas para traer inversión es necesario para el país, pues Colombia y Perú ya tienen una larga tradición de atracción de inversiones.

Añade que hay una coyuntura internacional que le favorece a Ecuador y es que muchos países de la región están girando a la izquierda, y los inversionistas suelen buscar lo contrario, pero los resultados no se verán inmediatamente sino a través de un proceso en el que el Gobierno debe hacer mucho porque deben ligarlo al aspecto tributario y al accionar de distintos sectores que podrían verse afectados y generar inconvenientes. (I)