La situación con el transporte de crudo colombiano a través del Oleoducto de Crudo Pesado (OCP) genera incertidumbre por las posibles implicaciones en los contratos firmados por Ecuador con Ecopetrol y compañías privadas.
El Gobierno ecuatoriano no ha precisado qué sucederá con el servicio y la tarifa, luego que la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, advirtió el 22 de enero que “la tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”.
Horas antes Colombia anunciaba que suspendería las exportaciones de electricidad a Ecuador y así lo hizo desde las 18:00 del jueves 22 de enero.
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La cartera de Estado no ha dado detalles de si la respuesta ecuatoriana implicaría una suspensión total del bombeo de crudo colombiano por el OCP o si se afectarían las tarifas.
Tampoco ha aclarado cuál es el volumen de petróleo de Colombia que se mueve por el OCP.
Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética.
— Ines Manzano (@inesmanzano) January 22, 2026
La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad.
El petróleo del sur de Colombia, específicamente de la región del Putumayo, se transporta por el OCP desde hace casi 13 años.
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En febrero de 2013 se firmó el Acuerdo Binacional entre Colombia y Ecuador para promover y facilitar el transporte y exportación de hidrocarburos. La tarifa que Ecuador cobra por cada barril de crudo transportado se fijó en $ 3,40.
Según registros del OCP -que está en manos del Estado ecuatoriano desde diciembre de 2024-, el 5 de octubre de 2013 se transportó oficialmente el primer barril de crudo colombiano en el sistema OCP.
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Ese año se transportaron 547.236 barriles de crudo de empresas públicas y privadas de Colombia.
El OCP ha movilizado más de 43 millones de barriles colombianos desde el 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2025, según información de la empresa.
Entre enero y noviembre de 2025, el volumen de crudo colombiano transportado promedió alrededor de 17.200 barriles diarios a través del OCP y del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
En diciembre rondó los 7.100 barriles por día mediante los dos sistemas. Y entre el 1 y el 21 de enero de 2026 han sido aproximadamente 331 barriles diarios, de acuerdo con datos de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).
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Las cifras son mínimas si se considera que Colombia produjo 744.655 barriles diarios, a noviembre de 2025, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos de ese país.
Los registros de la ARCH contradicen al ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, que en rueda de prensa el 22 de enero dijo que “desde diciembre ya estaba suspendido el transporte de crudo” por un cierre fronterizo.
Para el funcionario colombiano, la crisis es una oportunidad para analizar alternativas y dejar de depender de Ecuador. Las opciones son restablecer la operación del Oleoducto Trasandino (OTA) y buscar puertos cercanos.
A criterio de René Ortiz, exministro de Ministro de Energía de Ecuador, reactivar el OTA no es tarea sencilla ni de corto plazo.
“La operación del OTA está sujeta a una serie de vicisitudes, incluidos los ataques contra las instalaciones por la guerrilla colombiana. La inestabilidad del bombeo de crudo privado a través del OTA ha sido siempre la razón por la cual Colombia buscó transportar una parte de su crudo por el OCP”, señaló.
Riesgos con contratos
Ecuador mantiene contratos de transporte para el crudo de Ecopetrol (de economía mixta) y con las compañías privadas Trafigura, GeoPark, Vetra y Productores Colombianos OSLA.
Si bien Ecuador posee facultades para ajustar las condiciones operativas en el sector hidrocarburos, cualquier modificación unilateral de los acuerdos comerciales podría exponer al país a serias controversias contractuales o arbitrajes, dependiendo de las cláusulas y de la jurisdicción pactada, advierte Nelson Baldeón, analista energético.
“Si el Estado, por decisión política, llegara a frenar completamente el transporte, podría activar reclamos por daños y perjuicios e incumplimiento, salvo que exista una causal contractual válida (fuerza mayor, seguridad, integridad de la infraestructura, orden público, etc.). Más que un tema geopolítico, el núcleo del riesgo es jurídico-comercial: cualquier alteración unilateral al servicio del OCP podría generar repercusiones para la reputación país, la inversión y los costos litigiosos”, analizó.
Por ahora, opinó Baldón, lo prudente es esperar a ver la letra fina de la decisión del Gobierno ecuatoriano y la reacción de las contrapartes, porque el impacto real dependerá de cómo se motive la medida y qué mecanismo contractual invoque Ecuador.
La posible suspensión del transporte del crudo colombiano por el OCP afectaría principalmente a los productores del sur de Colombia, señaló el ingeniero petrolero Fernando Reyes, quien recordó que la ruta se consolidó tras las dificultades de seguridad causadas por la guerrilla en el vecino país del norte en años anteriores.
Un corte unilateral del servicio o un aumento forzado de tarifas por parte de Ecuador no solo complicaría la logística colombiana, sino que también podría desencadenar disputas legales, comentó.
“El asunto para Colombia y para los productores del sur de ese país sería muy difícil porque no tendrían por dónde transportar. Y a lo mejor se vería obligados a utilizar tanqueros para llevar hasta Tumaco”, observó. (I)
