El nuevo precio del galón del diésel de $ 2,80 representará -una vez que concluyan las compensaciones ofrecidas por el Gobierno- un sobrecosto de unos $ 570 mensuales por bus urbano, según cálculos de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), que prevé que “esta presión financiera se trasladará directamente a la ciudadanía en forma de incrementos de entre 5 y 10 centavos en el valor del pasaje”.
El gremio de municipios llega a esa estimación tomando en cuenta que un bus urbano recorre 150 kilómetros diarios con un rendimiento de 7,9 km por galón y un consumo aproximado de 19 galones al día, y que el precio era de $ 1,797 y desde el sábado subió en un 35,8 %.
Los pasajes no se han incrementado y esta es la premisa del Gobierno con las compensaciones. Algunos transportistas sí han elevado los precios, pero solo los que ofrecen el traslado de pasajeros en furgonetas y son casos puntuales. Por ejemplo, los boletos de Guayaquil a Machala o Cuenca pasaron de $ 10 y $ 12 a $ 12, $ 13 y hasta $ 14. El alza desde el domingo 14 de septiembre es de $ 1 y hasta $ 1,50.
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En general la transportación mantiene los precios.
No obstante, la AME hace referencia que las compensaciones son temporales y rechaza que desde el Gobierno se indique que los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) deberán decidir si aumentan las tarifas de transporte o asumen los sobrecostos tras el retiro del subsidio al diésel.
“Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), los municipios tienen la facultad de planificar y regular el transporte intracantonal y aprobar las tarifas, pero en ningún caso están obligados a financiar déficits ocasionados por decisiones del Gobierno nacional”, sostuvo en un comunicado emitido la noche del martes pasado.
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La AME exigió al Ejecutivo que se establezca un cronograma oportuno de asignaciones y la creación de un mecanismo permanente de compensación que garantice la sostenibilidad de los servicios municipales.
La eliminación del subsidio al diésel, que representa cerca de $ 1.100 millones al año, “puede ayudar al Estado a equilibrar las finanzas, pero si no se establecen mecanismos permanentes de compensación, la consecuencia será un incremento inmediato en el costo del transporte, de los alimentos y de la canasta básica”, dicta el pronunciamiento. (I)
